De hasta una década es la espera que tienen que enfrentar maestros y trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, algunos enfermos con padecimientos crónico–degenerativos, quienes han tramitado su pensión o jubilación, proceso que se convierte en un peregrinar por la sobredemanda de 4 mil personas en rezago y la crisis financiera que actualmente enfrenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).
Desde hace más de una década se ha documentado el déficit en el instituto, que obviamente ha crecido en detrimento de sus trabajadores y los que tienen derecho a pensionarse por contar con 65 años y 30 años de servicio, aunque muchos de ellos postergan esa decisión ya que perderán un sesenta por ciento de su salario en activo.
Para nadie es un secreto que la crisis financiera tiene su origen en el sexenio del exgobernador priista Mario Marín Torres, cuando el entonces director del ISSSTEP, Alfredo Arango García, utilizó el fondo de pensiones y jubilaciones para construir una nueva torre del Hospital 5 de Mayo, en la ciudad de Puebla, mismo que rompió el equilibrio financiero que el instituto tenía y que implicó que algunos funcionarios plantearan la individualización de las cuentas de los y las trabajadoras. mediante las Afore, lo que hasta la fecha se sigue planteando sin tomar ninguna decisión al respecto, ya que seguramente la inconformidad del personal se dejaría sentir.
Por otra parte, el dirigente de los Trabajadores Despedidos en Digna Resistencia –fundada durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle–, Marco Antonio Manzano Ramírez, se requiere que el gobierno del estado “inyecte” al menos 2 mil millones de pesos al instituto, a fin de garantizar el retiro laboral de miles de trabajadores que están en espera.
A lo largo de los años en que se fue construyendo la crisis que hoy vive el ISSSTEP en detrimento de su personal y sus derechos, los trabajadores, a partir de una reforma a la Ley Orgánica del ISSSTEP, incrementaron su aportación al fondo de pensiones de 9.5 a 13 por ciento, con miras a fortalecer el fondo de pensiones.
Sin embargo, esa medida no ha sido suficiente y hasta el momento no se ha transparentado cómo se fue conformando el déficit del fondo de pensiones ni se han establecido responsabilidades para quienes desviaron recursos del mismo.