La Fiscalía General del Estado (FGE) reparte nuevos requerimientos judiciales no solo a integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, sino que busca amedrentar a líderes de organizaciones solidarias. Es el caso del citatorio de Maurilio Galeote, líder del Movimiento de Pueblos Cholultecas en el Juzgado de Oralidad y Ejecución donde se definiría su situación legal, luego de que fuera reactivado un proceso penal en su contra iniciado hace una década.
Ayer, en rueda de prensa, Renato Romero, uno de los nueve integrantes del movimiento campesino demandados penalmente por Granjas Carroll por realizar plantones para exigir la salida de la empresa porcina, informó que han sido citados para el día de hoy, señalando que 48 horas después de que líderes de organizaciones sociales y campesinas de Puebla y Tlaxcala sostuvieron una reunión en la Dirección General de Gobierno, en Casa Aguayo, para pedir una solución política y no judicial al conflicto con Granjas Carroll, fueron giradas las notificaciones legales.
En este caso la actuación de FGE sorprende por la rapidez en que la denuncia de Granjas Carroll fue atendida, pero también la reactivación de casos para aquellos que se han solidarizado con las demandas del movimiento campesino de la Cuenca Libres–Oriental.
Es preocupante que se busque criminalizar la protesta social mientras las demandas de los campesinos y comunidades de la Cuenca Libres–Oriental siguen sin atenderse, que, por cierto, debería ser lo más importante para las autoridades en los diferentes niveles de gobierno con la finalidad de destrabar un conflicto que se dejó crecer por la inacción de las instituciones y autoridades privilegiando los intereses empresariales frente a las denuncias de los pobladores.
Es inoportuna la criminalización de la protesta, cuando puede identificarse un movimiento social en ascenso, que tiene como causas las problemáticas ambientales, donde el agua y la contaminación son centrales, porque a los pueblos y a los campesinos se les va la vida en ello. Además, en la última semana vimos a través de los bloqueos carreteros una deuda social con ejidatarios y pobladores a los cuales les arrebataron y expropiaron sus tierras sin siquiera habérselas pagado y que ejercieron una acción de manera concertada.
Judicializar la protesta social, volviendo ilegítima la demanda social, vulnera no solo los legítimos derechos de los campesinos y pobladores que se han manifestado, sino que impide resolver y poner límites a la expansión de actividades empresariales frente a la sobreexplotación de los ecosistemas y sus recursos.
