Conocimos ayer, a partir de la información de Kara Castillo, la denuncia que ejidatarios y pobladores en resistencia de Santa María Malacatepec, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, han realizado por la sentencia que recibió José Emiliano Zambrano Aguilar, defensor del territorio, en un proceso plagado de irregularidades.
Han denunciado también que Grupo Proyecta, integrado por empresarios inmobiliarios, y propietarios del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, ha despojado a pobladores de Santa María Malacatepec de 250 hectáreas y persigue judicialmente a 19 pobladores opositores, entre ellos dos ejidatarios de más 80 años.
La presión sobre las tierras de Santa Clara Ocoyucan y por tanto sobre sus posesionarios o propietarios viene de años atrás, a la par que el fraccionamiento Lomas de Angelópolis crecía y se expandía hacia esa demarcación y más aún en la ruta hacia el valle Atlixco–Izúcar de Matamoros.
Este valle, rico en actividades agropecuarias y en sistemas de producción diversos, con disponibilidad de agua, está sometido a una presión inmobiliaria de envergadura, al igual que la zona conurbada más próxima a la ciudad capital.
Dicha presión viene de la expansión de la propia ciudad de México y Puebla y de las nuevas zonas de expansión hacia el sur–poniente de la ciudad, que derivaron una vez construido el denominado Periférico Ecológico, en nuevas urbanizaciones como el complejo inmobiliario de Lomas de Angelópolis, que alberga ya más de 12 mil viviendas en diversos tipos de fraccionamientos y que prevé alcanzar las 20 mil viviendas teniendo como límite por el momento a Santa Clara Ocoyucan, aunque permitiendo imaginar la conurbación en puerta, más al sur de ese municipio.
Pobladores denunciaron la tremenda persecución judicial que se sigue contra quienes defienden sus propiedades y se rebelan contra el despojo que se vive en la comunidad por el Grupo Proyecta. El abogado Raúl Rodríguez de la Fuente reveló que José Emiliano Zambrano Aguilar, defensor del territorio de Santa María Malacatepec y quien junto a otros se resisten a vender o “ceder” sus tierras al Grupo Proyecta, fue víctima de un proceso judicial plagado de irregularidades y encarcelado por un delito que no cometió. Fue aprehendido el 28 de febrero de 2018, acusado de extorsión contra David Saavedra López –expresidente del comisariado ejidal, quien ha cedido tierras al Grupo Proyecta–, por lo que fue encarcelado por nueve meses.
Aunque fue liberado el 4 de diciembre de 2018, él siguió vinculado a proceso por tres años más y el 30 de agosto de 2021 se dictó sentencia contra Emiliano, por otro delito distinto al que se le imputó. En la última instancia, el Ministerio Público aceptó que no había pruebas para la acusación de extorsión y reclasificó al delito a privación ilegal de la libertad. El abogado Raúl Rodríguez de la Fuente reveló que José Emiliano Zambrano Aguilar, defensor del territorio de Santa María Malacatepec y quien encabeza la resistencia de Proyecta, fue víctima de un proceso judicial plagado de irregularidades y encarcelado por un delito que no cometió.
El abogado asentó y así lo relata Kara Castillo en la nota publicada, que las carpetas de investigación contra 19 pobladores, acusados también de extorsión contra el expresidente del comisariado, siguen abiertas, por lo que se teme que en cualquier momento sean ejecutadas.
Criminalizar la protesta, judicializarla a través de procesos amañados para hacer desistir a los que se resisten frente a procesos de despojo, junto a la corrupción de los comisarios ejidales, coludidos con autoridades agrarias e institucionales en los diversos niveles de gobierno, para gestionar y apropiarse de territorios rurales codiciados por grupos empresariales es parte de la historia de la urbanización de una parte de los territorios rurales y también la historia del despojo en el estado y en el país.
No retrocedamos mucho en el tiempo; la expansión y el crecimiento de la zona Angelópolis fue parte de un gran despojo a inicio de los noventa –en tiempos de Mariano Piña Olaya– a ejidatarios, avecindados y colonos que ahí vivían. Y si en la zona se construyeron fraccionamientos más populares y/o de sectores medios se debió a la gran movilización y disputa que generaron los afectados que, aunque no pudieron frenar el proyecto de desarrollo Angelópolis, que los excluía de los beneficios empresariales que se generarían, aunque ellos eran los poseedores de la tierra, lograron con su lucha redireccionar áreas para vivienda popular y residencial de sectores medios.
La construcción del Periférico y la autopista a Atlixco fueron parte de generar la infraestructura vial para generar una mayor expansión hacia el sur poniente de la entidad, junto a la autopista Siglo XXI, mostrando a estos corredores viales como redes que permiten colocar amplias zonas rurales para nuevas urbanizaciones.
El fraccionamiento Lomas de Angelópolis, su avance hacia el sur, es parte de estos proyectos, donde grupos inmobiliarios, al amparo del poder político lograron concretar sus negocios. La violencia en Ocotlán en las pasadas elecciones también es reflejo de las pugnas por el territorio.
La disputa en estos procesos es una constante y en parte el despojo se consuma a partir de procesos “legales”, reprimiendo a los opositores, deteniendo a los que ejercen un liderazgo, criminalizándolos y iniciando procesos judiciales, con la finalidad de hacerlos desistir.
El gobierno de Rafael Moreno Valle estuvo plagado de estos procesos; hasta se conformó en ese sexenio el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, demostrando la magnitud represiva de ese periodo. Esperamos que en tiempos donde aspiramos a un cambio de régimen esas prácticas puedan ser desterradas y se puedan revertir los procesos que pesan injustamente sobre ejidatarios y avecindados de Santa María Malacatepec.