Lunes, julio 15, 2024

Criminalización amenaza el ejercicio del derecho a la protesta; se usa el sistema de justicia para disuadir: Amnistía Internacional

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En México, una de las principales amenazas del derecho a la protesta pacífica es la criminalización, existe una estrategia del Estado para disuadir el ejercicio de esa libertad y se utiliza al sistema de justicia para disuadir y castigar, indicó Edith Olivares Ferrero, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en nuestro país.

Durante la presentación en la Universidad Iberoamericana Puebla del informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente”, expuso que su presencia en esta entidad federativa es para recordar  a los poblanos que la protesta es un derecho reconocido internacionalmente.

No obstante, refirió que en esta nación se recurre a la estigmatización de la misma y se califica como violentas o pseudo ambientalistas las personas que se manifestan para la defensa del territorio.

Asimismo, como parte de una estrategia del Estado, dijo que se ejerce represión, hay uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias o desaparición forzada .

Abundó que también se utiliza al sistema de justicia  para disuadir y castigar a quienes pretenden manifestarse, pues se recurre a la imputación de delitos como ataques a las vías de comunicación, secuestro, motín u obstrucción de obra pública.

La directora agregó que una prueba de ello es que hay defensores que tienen procesos judiciales pendientes, pero las violaciones a los derechos humanos siguen impunes.

En ese sentido, externó que quienes ejercen su derecho a protestar lo hacen en un entorno hostil, con estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos.

“El sistema penal se usa indebidamente en contra de las personas que salen a protestar… Defender la tierra pone en riesgo la libertad de las personas”, indicó.

Edith Olivares expuso que la criminalización se está utilizando para desincentivar y desarticular derechos relativos a la tierra, territorio y medio ambiente.

Cabe decir que el informe contiene los testimonios de los defensores poblanos Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, quienes han sido criminalizados por defender la tierra.

Este caso es uno de los cuatro que AI documentó en nuestro país, el resto corresponden a una lucha ambiental en San Cristóbal de las Casas, la protesta de indígenas tseltales criminalizados por oponerse a la militarización de su territorio 21 y la criminalización de indígenas mayas de Sitilpech por protestar a favor del agua, la salud y el medio ambiente en contra de una mega granja de cerdos.

En ese marco, Alejandro Torres Chocolatl, reprochó que el secretario de Gobernación, Javier Aquino, no haya cumplido su promesa de no criminalización y de garantizar a la autodeterminación de la comunidad de Nextetelco, perteneciente a Juan C. Bonilla, en dónde los habitantes se oponen a la construcción de un complejo de seguridad, ya que el lunes fueron reprimidos por policías municipales y estatales

Por su parte, Miguel López Vega señaló que las obras en las comunidades no se deben socializar, es decir solo informar, como lo indicó ayer por la mañana el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sino ser sometidas a consideración de los pueblos.

“No es cuestión de socializar, es cuestión de consultar. Lo que nosotros pedimos es que nos consulten, que se tomen en cuenta y que lleven a cabo la decisión colectiva de la asamblea del pueblo”.

Añadió que en el caso de Nextetelco, los habitantes ya dejaron en claro que no quieren el complejo de seguridad sino un panteón, pues quien donó el terreno lo hizo con ese fin.

El activista sostuvo que está comprobado que un complejo genera más delincuencia porque los policías se corrompen con la delincuencia organizada, además de que consideró que el hecho de pretender construirlo en un pueblo donde hay defensa del territorio, tiene como objetivo militarizarlo.

De la represión ejercida por policías estatales el pasado lunes contra los pobladores que se oponen a ese proyecto, culpó a la comisario de Seguridad Pública municipal, Beatriz Guevara Barrientos y pidió que sea destituida de manera inmediata.

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