Una mujer trans, identificada como Geraldine, sobrevivió a un crimen de odio luego de ser brutalmente golpeada por un hombre y arrojada a una barranca de al menos 50 metros de profundidad el pasado viernes en Teziutlán, en la Sierra Nororiental de Puebla.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ+ de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso como tentativa de homicidio con agravante de odio por identidad de género. Geraldine permanece hospitalizada en el Hospital Regional de Teziutlán, donde se reporta con contusiones y heridas graves, aunque fuera de peligro.
De acuerdo con familiares y personas cercanas a la víctima, Geraldine acudió a una cita con un hombre la mañana del viernes. Presuntamente, este sujeto la agredió físicamente y, tras golpearla, la arrojó al fondo de la barranca. Hasta el momento no se ha reportado la detención del agresor.
Fueron ciudadanos que transitaban por la zona quienes notaron su presencia al fondo del barranco y dieron aviso a las autoridades. Agentes de la Policía Municipal y personal de Protección Civil acudieron al lugar y lograron descender hasta donde se encontraba la joven, quien aún presentaba signos vitales.
Posteriormente, fue rescatada mediante el uso de una camilla y un sistema de poleas, para ser trasladada de inmediato al Hospital Regional.
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Aunque el crimen de odio y el transfeminicidio en grado de tentativa no están tipificados en la legislación penal de Puebla, la FGE investiga el caso bajo la figura de tentativa de homicidio con agravante por odio relacionado con la identidad de género de la víctima.
Organizaciones como Visible, Vida Plena y el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio han documentado entre 85 y 100 crímenes de odio en Puebla entre 2001 y 2025. De ellos, al menos 50 han sido cometidos contra personas trans, lo que refleja que este sector es el más vulnerable dentro de las comunidades de la diversidad sexual e identitaria.
A pesar del elevado número de agresiones, en Puebla no se ha penalizado formalmente ni el crimen de odio ni el transfeminicidio. Las organizaciones antes mencionadas denuncian la existencia de un subregistro, derivado de la ausencia de una legislación específica que permita clasificar e investigar adecuadamente estos delitos.
En relación con esta problemática, el Congreso local aprobó en 2022 el agravante por odio para los delitos de lesiones y homicidio, sin que se haya establecido aún una figura penal autónoma para el crimen de odio. Por ello, la FGE investiga los casos bajo otras tipificaciones penales, sin que exista una categoría formal de crimen de odio en el marco jurídico estatal.
Aunque dicha agravante contempla penas de prisión más severas para los responsables, organizaciones civiles han señalado que esto no ha sido suficiente para frenar la violencia estructural contra las personas LGBT+.
Cabe recordar que, en 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los congresos estatales, incluyendo el de Puebla, la aprobación de la Ley General Trans, con el objetivo de garantizar la protección integral de los derechos de las personas transgénero en materias como salud, educación, identidad, trabajo, igualdad y no discriminación.
En este sentido, la CNDH propuso una reforma al Código Penal Federal para incluir el transfeminicidio, definido como el asesinato de una mujer trans motivado por odio, prejuicio o discriminación hacia su identidad de género. Esta forma de violencia representa la expresión más extrema de la transfobia.
Para activistas y colectivos, esta propuesta legislativa representaría un avance crucial en la lucha contra la violencia de género y en la protección legal de las personas de la diversidad sexual.
Sobre este tema, la diputada morenista Gabriela Chumacero ha manifestado que el Poder Legislativo local tiene la intención de atender dichas reformas. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna iniciativa formal presentada ante comisiones.
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