El Congreso local aprobó la cuenta pública del gobernador correspondiente al ejercicio del año 2012 sin que se hiciera la más mínima crítica al dictamen por parte de los legisladores de todas las fracciones y sin que se conociera el monto de las observaciones que se realizaron a la aplicación del gasto.
Al final privó la idea de que se aprobó el ejercicio presupuestal del Poder Ejecutivo, sin que hubiera alguna objeción, como resultado de que se negoció aprobar la cuenta pública de importantes personajes del PRI que han sido ediles o han ocupado posiciones relevantes en los poderes públicos del estado.
Lo que ocurrió ayer en el Congreso es una muestra de que la opacidad en el estado ha aumentado y que no hay un proceso de fiscalización que permita detectar mal manejo de los fondos públicos, actos de corrupción o negligencia en la aplicación del erario.
Toda la información que se maneja en el tema se mantiene oculta y de antemano se sabe que no existe una verdadera revisión de cómo se gastan los fondos públicos.
Se tiene noción de que la corrupción avanza en diferentes áreas de gobierno, que hay un dispendio en la realización de la obra pública, que no funcionan muchos de los servicios de salud en la entidad y que nadie revisa que se le dé un uso correcto al erario.
Esta situación se debe, en mucho, a que no hay una oposición política que exija cuentas claras al gobierno, ni se tienen organismos confiables que puedan hacer una revisión del ejercicio público.