Miércoles, abril 17, 2024

Crean organización para aparentar aceptación de la hidroelectrica de Deselec–Comexhidro

Destacamos

Comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla, que se verán afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Puebla 1, a cargo de la empresa Deselec–Comexhidro, desconocieron la creación de una nueva asociación civil que avaló el proyecto y dividió la lucha social, a cambio de administrar el recurso en “beneficio” de los pueblos.

Se trata del Frente de Comunidades Unidas para el Desarrollo de los Pueblos, conformada por supuestos habitantes de los municipios de Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, quienes autorizaron la instalación a partir de enero de la hidroeléctrica Puebla 1 en la cuenca del río Ajajalpan.

Incluso, nombraron al perredista Francisco Ángel Serrano, como administrador de la recién creada asociación civil, con representación jurídica para recibir el recurso sin especificar cuál será el porcentaje de beneficios económicos.

Estos recursos serán generados por la actividad hidroeléctrica, para la construcción de espacios públicos como clínicas o escuelas.

Los pobladores que desde hace más de un lustro encabezan una movimiento ciudadano en contra del proyecto, que minará sus recursos naturales y la vida comunitaria, advirtieron que podría haber un conflicto social si no se frena esta embestida en contra los pueblos.

Señalaron que se trata de una represión más en contra de los opositores a la hidroeléctrica, pues recordaron que hace unos días fueron liberados 14 órdenes de aprehensión en su contra.

No dudaron que detrás de esta nueva organización esté el gobierno de Rafael Moreno Valle, a quien señalaron de entreguista con las compañías transnacionales.

Refirieron que el nuevo Frente se ha dedicado a hablar mediáticamente de las bondades del proyecto hidroeléctrico que generará 400 empleos a las comunidades.

Pero aseveraron que los desconocen en Zoquiapa, Cuatepalcatla y Emiliano Zapata, pertenecientes al municipio de Tlapacoya, y a Xochimilco, Xochicugtla, Altica y la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán.

Aunado a ello, refirieron que los empleos generados no son para la gente de la región, pues Deselec–Comexhidro viene a la Sierra Norte con su personal previamente contratado.

Lamentaron que pobladores de las comunidades afectadas se presten a este “juego sucio” del gobierno morenovallista, asegurando que sí fueron consultados y que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también cumplieron con los estándares establecidos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Reclamaron que las negociaciones con la empresa, iniciadas hace aproximadamente seis años, derivaron además en un acuerdo meramente económico.

La instalación de la Hidroeléctrica Puebla 1 en la cuenca del río Ajajalpan sentó un precedente para que nuevas compañías exploten recursos naturales en la zona, pues hoy se sabe que la obra abastecerá, usando la red eléctrica nacional, a las empresas Nueva Wal Mart, Waldos Dólar, Operadora Vips, Suburbia, Colchas de México e Ileana Jinich Mekler.

La información se desprende de la concesión de Autoabastecimiento de Energía Eléctrica E/1067/ AUT/2013, otorgada por tiempo indefinido por la Comisión Reguladora de Energía.

La semana pasada, la Red de Defensa de los Derechos Humanos manifestó que el proyecto pondría en riesgo el bienestar de comunidades indígenas ya que conllevará “graves daños” para su supervivencia cultural al destruir plantas curativas y lugares considerados sagrados de la orilla.

Por esta razón, Israel Sampedro anunció que la presión que viven los pueblos serranos y la instalación de la hidroeléctrica, sin consulta de los pueblos indígenas, será llevada hasta instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los pobladores dejaron en claro que hace unos meses, a base de engaños, fueron consultadas sólo dos de las 30 comunidades que se verán afectadas con el proyecto hidroeléctrico.

Destacaron que la consulta a las comunidades sobre el proyecto es “utilizada como instrumento para legalizar el despojo de tierras, agua y recursos naturales a las comunidades indígenas tutunaku y nahua.

Esta situación –sostuvieron– está causando división y confrontación entre los pueblos que se han organizado en defensa del río Ajajalpan y sus recursos naturales, lo cual podría derivar en resultados funestos.

Ultimas

Extradición de Assange se acerca; ofrece EU garantías a Reino Unido

Londres. - Estados Unidos ofreció las garantías solicitadas por el Tribunal Superior de Londres para allanar el camino a...
- Anuncios -
- Anuncios -