La aparente contradicción en el discurso del COVID-19 del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la Secretaría de Salud es solo de forma más no de fondo. Existe un solo discurso, la epidemia en el país es pírrica e insignificante. Los muertos son una mancha más en la piel del tigre. Los índices de violencia (homicidio, feminicidio, maltrato y abuso) se mantienen al alza sin posibilidad de que algo pueda cambiar.
Además, de continuar el gobierno administrando la salud durante el periodo endémico del COVID-19 como hasta ahora, la gran mayoría de los propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas tendrán que declararse en quiebra. La actividad económica de estas pequeñas empresas no puede soportar el régimen de cuarentena que se mantiene. El criterio que se utiliza para restringir la apertura o el cierre de un negocio no es funcional. La utilización del concepto “empresas y actividades esenciales” es discrecional. No existen criterios públicos que puedan ser cuestionados o debatidos para poder modificarlos. En un lenguaje moderno, no hay transparencia en su aplicación.
Esto nos lleva directamente a los funcionarios de la rama ejecutiva del gobierno, los cuales son los responsables de la implementación de medidas preventivas ante desastres potenciales en la sociedad. Sin embargo, frente a nosotros tenemos dimes y diretes que, lejos de orientar la actividad social hacia acciones protectoras, confunden y desorientan a la ciudadanía. Por una parte, la Secretaría de Salud recomiendan quedarse resguardados en las casas mientras desaparece el COVID-19. Por otro lado, el presidente de México, López Obrador, recomienda no tener miedo y salir a las calles. ¿Cuál de estos consejos es el mejor, si es que de algo sirve alguna de estas recomendaciones?
En una sociedad como la nuestra, paternalista, autoritaria, la mayoría de las personas se inclinan por seguir las recomendaciones del presidente. Se cree que, solo por el mero de hecho de ser presidente debe decir la verdad. Esto es parte de la cultura mexicana y del imaginario social que nos embarga. Sin embargo, la realidad confronta tanto las recomendaciones de los funcionarios de salud como las del presidente. Aunque todas las mañanas y las noches el gobierno nos inunda con información y estadísticas, estas no son de gran utilidad para tomar decisiones en la vida cotidiana. Sobre todo, porque muchas de estas recomendaciones se contradicen con la información divulgada por organismos internacionales y otros gobiernos.
Mientras el presidente López Obrador llama a no tener miedo, los funcionarios del gobierno y los medios de comunicación mantienen un ritmo, sin descanso, de divulgación estadística que hacen creer que la muerte nos acecha. El mensaje primordial tiene como objetivo el divulgar que el COVID-19 anda como fantasma, la muerte se encuentra a la vuelta de la esquina. El virus nos acecha para infectarnos y hacernos sufrir en una sala de cuidados intensivos. Como delincuente amarrado en el potro de los acusados el Covid-19 nos llevará a la muerte indiscutiblemente.
Peor aún, junto a este mensaje el gobierno elaboró un código ético médica que les permite a los burócratas hospitalarios decidir quien recibe o no los mejores cuidados médicos. El código ético de salud en México está preñado de estigmas sociales, ni los viejitos ni los muy enfermos tiene entrada al mejor cuidado médico. Estos individuos están condenados de antemano a morir en las salas de urgencias del hospital o en sus casas. Entre usted y yo, es preferible una muerte digna rodeado de los seres queridos que, conectado a un tubo, rodeado de un personal médico al que solo se le pueden ver parcialmente los ojos. La probabilidad de vida, en México, entubado a un ventilador respiratorio es menor de un 20 por ciento.
Ante este panorama, muy propio de México, me siento en la obligación de tratar de comprender los cientos de mensajes contradictorios que se difunden sobre el COVID-19 y ofrecer a mis lectores un pequeño foco de iluminación dentro de este berenjenal de información y datos estadísticos. En este proceso tendré que asumir los supuestos que el gobierno de López Obrador ha tomado como enunciados verdaderos para emitir sus recomendaciones. No pienso debatir con ellos porque eso sería materia de otro costal. Simplemente explicaré los más importantes, los cuales dan la base para el constructo social de la epidemia del COVID-19 en México.
Como es costumbre, el 20 de junio por la noche, el gobierno emitió los últimos datos estadísticos sobre la epidemia en México: 175 mil 202 casos positivos (acumulados), esto es, número de personas que han dado positivo a la prueba del COVID-19 desde que se inició la detección y la acumulación de estos datos. El método que se utiliza para la detección de una persona infectada en México se conoce como RT-PCR (del inglés: Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, en español, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa). Para el caso del COVID-19 se utiliza este método, pero en tiempo real, rRT-PCR, lo que permite detecta la presencia de material genético específico del virus. Recientemente se incluyeron las pruebas serológicas. Este tipo de pruebas busca identificar los anticuerpos producidos por las partículas antigénicas del virus.
Estadísticas
Volviendo a las estadísticas, el gobierno informó que, de los 175 mil, actualmente hay 23 mil 567 que se infectaron en los últimos 14 días, lo que ellos llaman “la epidemia activa”. Esta simpleza es importante porque en ella radica el mensaje de prevención y acción del gobierno de López Obrador en su quehacer ante la epidemia. Mientras que para la prensa el número de 175 mil es alarmante, para el gobierno la epidemia consiste en 23 mil personas. El concepto de epidemia activa se refiere al número de personas que, además de dar positivos a la prueba del COVID-19, presentan síntomas. Esta afirmación arrastra el supuesto de que las personas positivas al COVID-19, pero que no presentan síntomas, no son parte de la epidemia vigente. Para fines prácticos, esto quiere decir que, las personas asintomáticas no transmiten el virus, solo las personas infectadas que presentan síntomas pueden infectar a otros.
Este es el sustento teórico del porqué para la Secretaría de Salud el uso del cubrebocas entre personas asintomáticas es una pérdida de dinero, no tiene ningún beneficio. Además, explica el porqué el presidente López Obrador, aunque ha estado cerca de personas infectas no se hace la prueba del COVID-19. Según el presidente, sino tiene síntomas no es necesario hacerse la prueba del COVID-19. Bajo esta lógica, México tiene una incidencia de COVID-19 del 0.019 por ciento, algo pírrico, insignificante.
En los hechos, para el gobierno de México, el que haya uno o dos millos de mexicanos infectados con el virus no tiene importancia porque ninguno de ellos, mientras se mantenga asintomáticos, podrán infectar a otra persona. Hoy en día, la pregunta de sí una persona asintomática puede infectar o no a otro, está en el aire. ¿Qué papel juegan los asintomáticos en la pandemia del COVID-19? Para esta pregunta no hay una respuesta precisa.
Lo que aparentemente es un discurso contradictorio entre López Obrador y la Secretaría de Salud no es más que, como diría el presidente al hablar de béisbol, una jugada doble, ambos jugadores de la ofensiva son sacados del juego, “out”. El meollo del asunto consiste en suponer que los asintomáticos son incapaces de infectar a otros. El juego sigue y ni siquiera llegamos a la novena entrada.