En Puebla, nos estamos enfrentando a la “delincuencia organizada hecho gobierno”, denunció este martes El gobernador Alejandro Armenta Mier, al referir que por 20 años el Poder Ejecutivo se coludió al Judicial para dictaminar sentencias a favor de empresas que cobran por “obras fantasmas”.
Así lo señaló de manera directa durante la conferencia mañanera, donde además precisó que los gobiernos estatales, entre 1998 y 2024, “patearon” nueve contratos de pagos a empresas por “obras inexistentes”.
Ante lo expuesto, Armenta Mier lanzó una severa acusación contra administraciones anteriores, al denunciar que en Puebla se ha operado una estructura de “delincuencia organizada hecho gobierno”.
El mandatario afirmó que durante dos décadas se configuró un esquema de saqueo al erario, a través de la colusión entre el Ejecutivo, empresarios y el Poder Judicial.
En un mensaje dirigido a “delincuentes disfrazados de políticos y empresarios”, aseguró que su administración tiene la “calidad moral” para enfrentar a quienes cometieron estos actos.
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Modus operandi del saqueo institucional
El morenista explicó detalladamente cómo se orquestaron estas presuntas prácticas de corrupción, que calificó como una forma de saqueo institucional, con obras “fantasmas” y sobrecostos.
Expuso que el esquema consistía en contratar obras y luego, con la complicidad de funcionarios de dependencias como Infraestructura y Finanzas, se avalaban sobrecostos o se certificaban “trabajos complementarios” por miles de millones de pesos.
Puso como ejemplo una obra de pavimentación que costó 10 millones de pesos, pero con “cunetas” inexistentes de 5 millones más, que terminaban costando 700 millones de pesos después de 10 años de litigio.
Además, Armenta Mier señaló que el saqueo se consolidó mediante el uso de “moches” a jueces y magistrados de Puebla.
Estos servidores públicos presuntamente dictaminaban sentencias a favor de las empresas, obligando al gobierno estatal a pagar miles de millones de pesos por obras inexistentes o simuladas.
En cuanto a contratos millonarios, dijo que la administración actual ha heredado más de 10 contratos que deben ser pagados por sentencia judicial, generando una deuda de miles de millones de pesos por este modus operandi que se repitió durante dos décadas en Puebla.
El gobernador mencionó un periodo que abarca de 1998 a 2024, señalando que contratos de pagos a empresas por “obras inexistentes” fueron “pateados” por el Ejecutivo nueve veces.
“Con eso se acaba el saqueo institucional y la complicidad de pseudoempresarios con delincuentes disfrazados de gobernantes; es una forma de saqueo al erario público”, recalcó.
Hizo hincapié en que la organización de dos o más personas para cometer un ilícito constituye delincuencia organizada.
Con esto, concluyó que las pasadas administraciones que permitieron estos actos cometieron probables actos de delincuencia organizada.
El mandatario ratificó el compromiso de su gobierno con los principios de la Cuarta Transformación: “no robar, no mentir y no traicionar”, tras afirmar que esto les otorga la “calidad moral” necesaria para enfrentar a quienes estén implicados.
