La Justicia de Ecuador validó el proceso judicial por el que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) fue sentenciado a ocho años de cárcel. Tanto él como otros altos funcionarios de su Gobierno no podrán ser candidatos a ningún cargo electoral.
“Finalmente lo lograron”, escribió Correa en Twitter tras conocer el fallo. “En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular”, agregó.
Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato
No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular
Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá
Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer pic.twitter.com/3XKCPBh3Bi— Rafael Correa (@MashiRafael) September 7, 2020
“El mayor efecto es que el correísmo no tendrá a Correa en la papeleta; esta es una identidad cohesionada y personalista en torno a este liderazgo. Es un problema para ellos”, dijo a En Órbita Jacobo García, analista y consultor español residente en Ecuador, especializado en comportamiento electoral y opinión pública.
El partido correísta Fuerza de Compromiso Social también enfrenta riesgos, dado que el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto su inscripción a los comicios. El entrevistado recordó que esta situación genera incertidumbre en el electorado que apoya al expresidente.
“Lo que podrían hacer ahora los sentenciados es buscar las llamadas acciones constitucionales. Ecuador tiene un sistema de derechos y Justicia con cinco poderes, donde la Constitución es garantista en derechos y uno puede acceder a tales”, expresó.
García explicó que “la clásica división de poderes va por otros procesos; pero aquí, uno como ciudadano puede hacerlo directamente. La Acción de Protección es a la que se acogerán los sentenciados, para ver si otro organismo con jurisdicción distinta puede tomar otra sentencia. Pero esto puede durar varios meses”.
El caso Sobornos —por el que fue condenado Correa— se basa en denuncias de supuestos aportes irregulares al movimiento oficialista Alianza País, cuando Correa era su líder. Los pagos habrían sido realizados por compañías entre las que se encuentra Odebrecht, para financiar campañas electorales entre 2012 y 2016.
A cambio, los funcionarios públicos habrían favorecido contratos con el gobierno u otros beneficios. Sin embargo, según el exmandatario la causa forma parte de una persecución política.
“El objetivo de todo este proceso era proscribir a Correa”, sentenció el analista.
Evo también fuera de las elecciones
Comenzó de forma oficial la campaña electoral en Bolivia, con destaque para la inhabilitación del expresidente Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba en los comicios de octubre.
Es la primera vez en 31 años que Morales no participará en la instancia. El expresidente dijo que acata el fallo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de condición inapelable.
“El fallo tendrá una incidencia negativa en la capacidad que tenga el MAS para recuperar su levantamiento de votos en sectores indígenas y campesinos. La inhabilitación responde a recientes denuncias personales contra Morales“, dijo a En Órbita el analista internacional boliviano Mario Galindo.
Las encuestas dan opciones reales de triunfo al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce; al exmandatario Carlos Mesa (2003-2005), que lidera Comunidad Ciudadana; y a la actual presidenta transitoria Jeanine Áñez, de la alianza Juntos. El experto entrevistado analizó las posiciones de los aspirantes.
La carrera está marcada por una inédita campaña digital debido a la pandemia del coronavirus. “En Bolivia, politólogos debaten sobre el grado de ausentismo que favorecería al MAS”, sostuvo Galindo, quien opinó sobre la primera vuelta y la posibilidad de una segunda para definir al vencedor.
Los comicios ya han sido pospuestos en dos ocasiones, mientras el país continúa sumido en una crisis política desde la dimisión de Morales en octubre de 2019 ante denuncias de irregularidades en los resultados electorales que arrojaron su reelección.
Más desafíos
Este martes 8, Día Internacional de la Alfabetización, la UNESCO informó que la crisis educativa a raíz del COVID-19 impactó en los programas de alfabetización. Al menos 773 millones de personas jóvenes y adultas no tienen el nivel básico para leer y escribir.
Si bien a nivel global se tomaron medidas para impartir clases, en la mayoría de los países no se incluyó el trabajo específico con adultos en esa área. No hay suficientes educadores, su distribución es desigual entre el sistema formal e informal y en ocasiones no tienen la preparación necesaria.
Durante esta jornada, la UNESCO realizó un seminario sobre los desafíos de la alfabetización ante el COVID-19 y entregó premios a cinco programas en todo el mundo.
Uno es Aprender Enseñando, del Centro Universitario de Participación Social de la Universidad Autónoma de Puebla, México, que funciona desde el año 2001. En Órbita conversó con su directora, Mirta Isabel Figueroa.
“Al principio no es fácil que la gente acepte aprender a leer y escribir, porque ha vivido así toda su vida, y porque cree que quizá no podrá o no tendrá tiempo. Pero esta idea de aprender y enseñar al mismo tiempo va logrando que se abran las puertas”, explicó.
“Vamos a comunidades rurales. Nos instalamos en la escuela y allí vive todo el grupo de alfabetizadores”, agregó la entrevistada.
Este año el programa no pudo desarrollarse a raíz de la pandemia. Pero gracias al apoyo comunitario que realizaron desde el Centro, surgió una nueva idea, la que nos explicó la directora del Centro Universitario de Participación Social de la Universidad Autónoma de Puebla en México, ganador del Premio de Alfabetización UNESCO-Confucio 2020.
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Texto recuperado en https://bit.ly/3k01nfx
