Coronavirus y monoculturalidad; las pandemias para los pueblos indígenas

Por Ta Iñ Xemotuam (Centro para la formación y desarrollo de la salud del pueblo mapuche – Ta iñ Xemotuam.) Fragmentos finales.

Percepción de la enfermedad

Desde el mundo más profundo de los mapuche, este fenómeno pandémico se puede entender un gran proceso de crisis civilizatoria que está anunciado desde diferentes espacios de la espiritualidad indígena. Las enfermedades, la muerte, la trasformación social está advertida y soñada desde la dimensión espiritual que nuestros diferentes agentes espirituales nos han ido conversando; por ejemplo nuestros machi en sus estados de küymin (estado alterado de conciencia, comúnmente llamado “trance”) han anunciado tiempos de enfermedades y hambrunas que asolaran los/as mapu (espacios, territorios), lo que junto a señales del ecosistema como lo fue el florecimiento del colihue o rügi en mapuzugun (chusquea quila), prevén un ciclo de conflictos y malas experiencias, plagas incluidas (ratones) por lo que muchas familias se ocuparon de sembrar y cultivar lo suficiente para poder tener abastecimiento de cereales para estos tiempos.

Estos ciclos catastróficos incluyen enfermedades o kuxan, que en el momento actual se nos presentan con características epidémicas que afectan a mapuche y no mapuche. El hecho de que la pandemia de COVID-19 se inscriba como parte de un ciclo catastrófico más amplio es clave para poder abordar la comprensión de dicho fenómeno colectivo. El pueblo mapuche situado en el Gülumapu (sur de Chile) ha sido afectado por epidemias artificiales desde la llegada del conquistador hasta la instalación del estado en sus territorios. La comunicación monocultural sobre el COVID-19 hace un mes de iniciado la pandemia fue visto desde un punto de vista mapuche, como un fenómeno del mundo wigka no mapuche, que afecta a la ciudad, a personas que viven en formas de reproducción social urbana capitalista. Las comunicaciones desde la política de salud apuntaban a un padecimiento colectivo que residía en la ciudad, en personas que viajan y no indígenas, y por cierto, reducido a un proceso biológico.    


De hecho, la enfermedad o kuxan entre los pueblos indígenas, particularmente entre los mapuche, se constituye en un fenómeno que no es puramente biológico, sino consecuencia última de un conjunto de actos que la desencadenan y que la explican. En un sentido colectivo, la pandemia de COVID-19 sería síntoma de un ciclo catastrófico y crisis civilizatoria más amplia. Por todo ello, al menos las respuestas y métodos de cuidados y de prevención deberían considerar dimensiones diferentes que están incorporadas desde el mapuche rakizuam (pensamiento propio).

En la perspectiva mapuche los kuxan (enfermedades) son desequilibrios que afectan las diferentes dimensiones del che (persona), pueden afectar el püjü (lo espiritual) generando diferentes efectos. También puede ser afectado el rakizuam (el pensamiento), como también el ragichegen (la dimensión social), o directamente el kalül (cuerpo). Entendido así los kuxan pueden ser originado desde los propios che, como por sus relaciones con las otras vidas o producto de una situación histórica del grupo del que  proviene o por efecto de un proceso mayor en donde el kuxan es generado por terceras personas.

Es imposible abordar el COVID-19 solo en su dimensión biológica o del kalül, dejando de lado el lugar que tiene la pandemia en un escenario agresor y civilizatorio más amplio, que en el mundo indígena se relaciona con hambrunas, plagas y conflictos sociales que exceden el desarrollo del virus en el huésped sobre el cual se enfoca la acción gubernamental. Por ello la comprensión-prevención-acción debe apuntar a estas dimensiones y de qué manera se comprende y entiende el fenómeno mórbido colectivo en la espiritualidad, en la relación comunitaria y contextual que vive el ser mapuche, en el pensamiento y racionalidades de la persona en sociedad, así como en el cuerpo y su complejidad. El sistema al no conocer estos códigos y lógicas, debe al menos complementar su quehacer con la participación de los pueblos que tienen estos dominios. Obviarlos, como ha sido la tónica, sólo allana el desastre “sanitario” del que se habla.

Superar el monoculturalismo sanitario

El tema que planteamos no es trivial, no es antojadizo, es poner en evidencia la impertinencia del sistema de salud chileno y su negligencia para abordar un problema tipificado de biológico pero de comprensión y alcances multidimensionales ignorados hacia el mundo indígena. Un sistema que ignora en la práctica los fenómenos asociados al proceso salud/enfermedad/atención vinculados a la pandemia en el mundo mapuche actual, tales como la sequía, la zoonosis, las enfermedades crónicas no transmisibles, el alcoholismo, la tuberculosis, la violencia, la baja escolarización, el aislamiento y los problemas de comunicación; no hace sino sumar a la sobremortalidad de la población mapuche respecto de la población no indígena en Chile. Si a eso sumamos la pérdida temporal de la dimensión de persona que implica el confinamiento total para el mundo mapuche, estamos frente a una práctica etnocida flagrante. La pandemia muestra una política instalada de negación e invisibilización de las diferencias socioculturales pre-existentes en el país; una suerte de prepotencia hegemonizadora de la cultura oficial, la cultura aceptada, enarbolada y enseñada desde la violencia epistémica y ética en las escuelas de formación médica y de salud pública oficial.

No sólo la pandemia del covid-19 mata, también mata el monoculturalismo expresado en la confinación y aislamiento sociocultural incomprendido por las familias mapuche rurales; mata el uniformamiento biomédico de un padecimiento inscrito en dimensiones más amplias; y de la interpretación de un ciclo agresor a la salud que la saque de la visión bio-psico-social que reduce el fenómeno a un virus y su tratamiento hospitalocéntrico. Existen muchas formas de muerte, no sólo la biológica, también la muerte social y cultural, la que los estados cometen permanentemente en contra de los Pueblos Indígenas cada vez que los invisibilizan, niegan, ocultan.

Es hora de confrontar la monoculturalidad y enrostrarle su prepotencia e ignorancia con la que argumenta su avasallamiento permanente sobre los “otros” dentro del espectro estatal. Que esta pandemia contribuya al desnudamiento de la precariedad sociocultural con la que se viste la sociedad hegemónica. Los derechos establecidos y ganados con tanto sacrificio no pueden quedarse sólo en el plano retórica en los escenarios internacionales, OIT, ONU, OEA, OMS-OPS. Por ello continuaremos exigiendo al Estado, a la institucionalidad responsable, la obligación de avanzar en políticas de salud efectivas, relacionales, participativas, consultadas y basadas en evidencias probadas; y que se construyan desde la pluralidad médica, como desde los pluriversos presentes en los territorios ocupados por los Estados Nacionales.

Evitemos una vez más, como tantas otras veces, la muerte de numerosas personas, entre ellos, ancianas y ancianos, jóvenes, niños y niñas indígenas. Muchas y muchos de quienes fallezcan ni siquiera sabrán con exactitud qué fue lo que pasó, cómo se contagió, cómo se desarrolló ese mal que contrajo. O bien tampoco lograrán entender el confinamiento, el que torna a la vida indígena indigna de ser vivida. ¿No es acaso esta otra forma de genocidio?

La lucha desigual de [email protected] [email protected] de la salud contra el COVID-19   

(Boletín Jubiladas en Lucha, Junio  de2020)

Llegó a nuestro país el COVID-19 y halló al sistema de salud colapsado por tantos años de abandono: recortes presupuestales, privatización de los servicios a través de la subrogación y falta de personal (Lo que ahora reconocen las autoridades: 200 mil médicos, 300, mil enfermeras, y 79 mil especialistas etc.). Pero son muchas más las plazas faltantes.

Se descuidó el perfil epidemiológico de la población, se abandonó  el trabajo preventivo en los centros laborales, y los riesgos de trabajo, al grado que en los hechos desaparecieron las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, aunque está en la Ley Federal del Trabajo, artículo 509. Las enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad, se aceleraron por políticas de salud que sólo benefician al gran capital que obtiene ganancias extraordinarias por la explotación de los trabajadores y el consumo de sus productos dañinos.

Las condiciones de trabajo de la clase trabajadora son precarias y los trabajadores de la salud no escapan a esta devastación: golpeteo continúo a los contratos colectivos de trabajo hasta casi desaparecerlos, la nueva generación de trabajadores fue despojada de una contratación definitiva, sólo es temporal, así como de una jubilación y pensión digna. Con salarios muy bajos y sin prestaciones, es casi imposible organizarse de manera libre e independiente en un sindicato que defienda sus intereses, por el terrorismo que ejercen las autoridades y del charrismo sindical.

La Pandemia dejó al descubierto la debilidad y el abandono del Sector Salud y de sus trabajadores, esto explica cómo en la actualidad  hay 8 mil trabajadores de la salud contagiados y 150 fallecidos reconocidos  por la autoridades de la Salud (12 de mayo, Conferencia de prensa nocturna). Sin embargo las cifras reales son más elevadas, pues se niegan a realizar las pruebas RT-PCR, ni siquiera a los trabajadores de la salud que están en alto riesgo de contagio.

Las movilizaciones de los trabajadores en todo el país, demostraron su enojo e indignación, por no contar con el equipo de protección  para enfrentar esta pandemia (cubre bocas N95, caretas, gorros, batas, guantes, googles etc.). Realizaron asambleas al interior de los centros de trabajo, en muchos lugares es un fenómeno nunca visto, y así nombraron representantes por categorías o servicios. También bloquearon avenidas, hicieron plantones, paros activos, quedando claro que los mandan a la “guerra sin fusil”. En esta lucha enfrentaron a los directivos locales, administradores y directores en los nosocomios, en muchos casos poniendo enfrente o exhibiendo la incapacidad de los dirigentes sindicales para defender sus derechos. En muchos centros de trabajo lograron levantar minutas y arrancarles promesas a los directivos.

Un primer logro de la movilización fue el reconocimiento como riesgo de trabajo de los primeros médicos y enfermeras fallecidos, pues alegaban que se habían infectado en otro lugar y no en su centro de trabajo, sólo porque la unidad médica no era COVID-19. Tuvieron que recular las autoridades y el 21 de abril el IMSS, difunde esta circular en donde se reconoce al COVID-19 como Riesgo de Trabajo: Circular No. 09900130000 Criterios de calificación para casos de coronavirus COVID-19 como enfermedad de trabajo.

Esto no es suficiente, pues están en riesgo todos los trabajadores de la Salud, ya que su objeto de trabajo es servir a personas con alguna enfermedad, por lo tanto, quienes trabajan en clínicas, hospitales, ginecos, etc. que no son hospitales COVID-19, también se han infectado y fallecido. Eso motiva la exigencia de que se entregue el material a todo el personal que labora  en el sector salud.

El caso del IMSS

La dirigencia sindical corrupta, en voz de su secretario general Arturo Olivares Cerda se adjudica logros que son de los trabajadores, porque estas dirigencias fueron rebasadas, tales como:

•Licencias con goce de sueldo al personal con enfermedades crónico degenerativas y a mujeres embarazadas. Este mandato es emanado del Decreto Sanitario desde el 23 de marzo, y fue para todas las dependencias públicas y privadas.

•Una defensa muy débil ante la discriminación y maltrato a los trabajadores de la salud.

•La contratación de 13 mil nuevos trabajadores para enfrentar esta pandemia, los cuales son  insuficientes, porque a un porcentaje alto de trabajadores se les envió de licencia, ya que están enfermos o son muy vulnerables a la pandemia, más las plazas faltantes, 13 mil contrataciones que para todo el país son muy pocas. Los trabajadores denuncian la FALTA DE PERSONAL.

•La compra de insumos de parte del sindicato como cubre bocas, caretas etc., 40 mil cubre bocas, aunque no es su obligación pues el patrón debe comprar los insumos. Así se quieren deslindar de su omisión de tantos años para exigir a las autoridades, el material y equipo de trabajo, que los trabajadores se ven obligados a comprar, porque no les dotan del material y hoy tienen que comprar equipos de protección caros con su raquítico salario.

•Un bono del 20% del salario base y el concepto 11, por única vez a los trabajadores que no cobran el 20% por trabajar en área insalubre, pero sólo para los que tienen que ver con pacientes COVID-19. Es insuficiente y ambiguo, pues todos los trabajadores tienen contacto con los pacientes COVID-19 que llegan a todas las clínicas y hospitales.

•Darán notas de mérito (es el salario de un día por cada nota) hasta 9 en un mes; esta es una prestación del CCT, cláusula 126 a médicos y enfermeras que integren “Equipos de Respuesta para la Atención de Pacientes  COVID-19”. Pero este beneficio está sujeto a incidencias (sin retardos, ni faltas) rol en el equipo, postergación de vacaciones y de jubilación. Además hay 10 notas a los trabajadores que acepten cambiar de turno, de adscripción y residencia temporal. Es una violación al contrato colectivo, con un dinero extra pretenden que los trabajadores acepten malas condiciones de trabajo, vergüenza debería darle al CEN del SNTSS haber negociado este convenio.(16 abril, 2020)

•Y hablan del hospedaje gratuito en 70% del hotel del sindicato, esto no es un logro: con nuestras cuotas se construyó ese inmueble en la Ciudad de México, y debería servir para apoyar  a los trabajadores sindicalizados en toda circunstancia.

Son logros de la movilización de la base trabajadora, pero aún no hay solución a las demandas principales de los trabajadores: la falta de equipo de protección, la falta de personal y las malas condiciones laborales, que empeoran con el estrés y la carga emocional que se vive con pacientes graves. Y lo principal: siguen falleciendo e infectándose compañeros.

No debemos callarnos, debemos organizar estas luchas convirtiéndolas en un movimiento unitario de todos los trabajadores de la Salud, para resolver los problemas actuales, recuperar lo perdido y cambiar de fondo un sistema de salud devastado por el capitalismo. (Extracto)

A 22 años de la Masacre de  El Charco  Guerrero

BOLETÍN DE PRENSA

La Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), en su calidad de representantes legales de una parte de los sobrevivientes y viudas de la Masacre de El Charco, como lo es la familia del estudiante universitario ejecutado extrajudicialmente Ricardo Zavala Tapia, los sobrevivientes y actualmente defensores de derechos humanos; Efrén Cortes Chávez y Ericka Zamora Pardo, entre otros.

Recordamos que el día 6 junio de 1998, se realizó una Asamblea con representantes del Pueblo Na´savi, para tratar los temas de autonomía, proyectos productivos, alfabetización, en la Primaria “Caritino Maldonado”, en la comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero. Ese día llegaron a dicha Asamblea, integrantes de un grupo guerrillero, quienes solicitaron permiso para estar presentes en la Asamblea y posteriormente, permiso para dormir en una de las aulas de la Primaria.

 El 7 de junio de 1998, en la madrugada, el ejército mexicano, bajo el argumento de estar dando cumplimiento a la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico, cercaron la comunidad de El Charco, disparando a mansalva a las personas que se encontraban en las aulas de la Primaria “Caritino Maldonado”. El ejército ejecuta extrajudicialmente al estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Ricardo Zavala Tapia y a 10 indígenas. Algunos indígenas son heridos y detenidas todas las personas que se encontraban en este lugar, el ejército a partir de ese momento realiza un cerco militar a la comunidad, impidiendo salidas y entradas de personas.

Los habitantes refieren que a esa zona se desplazaron convoyes policiacos y militares; unos 26 vehículos artillados, dos helicópteros con ametralladoras, transporte de personal, y lanzagranadas, entraron al lugar integrantes del ejército, decenas de policías del Estado y de la Procuraduría General de la República […][1].

En el Informe que entrega SEDENA a la CNDH, suscribe que en la Primaria, encontraron  dos grupos, uno el de combatientes y otro de inexpertos, reconociendo además que tenían cercadas a las personas que se encontraban en la Primaria y asumiendo que infringieron un tercio de bajas de las personas que ahí se encontraban, sin que el personal militar haya tenido bajas, ya que el personal militar aplico los principios tácticos, que solo resulto dañado un vehículo Hummer, un fusil G3 y un casco Kevlar

Los detenidos fueron trasladados al Cuartel de la IX Región Militar en Acapulco, donde Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, son torturados por militares, y todos los ahí detenidos, son obligados a Declarar ante Ministerio Público Militar iniciándose la Averiguación Previa IXRM/14/98.

Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, han denunciado públicamente que fueron torturados por el General Juan Alfredo Oropeza Garnica (Quien se graduó en 1971 en el curso de operaciones contrainsurgentes de la Escuela de las Américas y que fue el encargado de combatir al EPR entre 1997 y 1999, al ser comandante de la 27 Zona Militar de El Ticui, Atoyac, Guerrero.), quién de acuerdo al señalamiento de Ericka y Efrén, encabezó la operación militar.

Ericka y Efrén fueron torturados a pesar de que el día 7 de junio de 1998, el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), publica su Comunicado 3, manifestando que solo 4 de los ejecutados extrajudicialmente, pertenecían a sus filas y los otros 7 ejecutados eran población civil, en este comunicado, reconocen que el estudiante universitario Ricardo Zavala Tapia, se encontraba con los indígenas Na´savis, solo con el propósito de alfabetizar y que se ofreció como voluntario para salir del aula y evitar se ejecutara a más indígenas.

Ericka Zamora y Efrén Cortes, después de ser torturados, fueron procesados en dos Causas Penales: la  49/1998, por los delitos de Invitación a la rebelión, rebelión y conspiración, saliendo absueltos de estos delitos el 30 de mayo de 2002.

La segunda Causa Penal a la que fueron procesados, fue la 57/1998, por la comisión de los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, saliendo ambos también absueltos.

El 16 de julio de 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, ingresa la Petición de Admisibilidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), P 1315-12, logrando el Informe de Admisibilidad 166/18.

A 22 años de esta Masacre, refrendamos nuestro compromiso de caminar con las víctimas en la búsqueda de la verdad, la justicia y el castigo a los autores materiales e intelectuales.

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD AC

Responsable: María Magdalena López Paulino

Ciudad de  México a 4 de junio de 2020

www.elzenzontle.org

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