El paisaje urbano en diversas áreas de la ciudad está cambiando de manera rápida; las obras que se han inaugurado en lo que va del gobierno de Rafael Moreno Valle así lo muestran; en algunos casos la funcionalidad de las mismas en aras de resolver problemas viales, de comunicación, accesos y congestionamientos, las explican acorde a las inversiones realizadas.
En otros casos, su justificación es difícil; la utilización de recursos públicos (el dinero de todos) para acondicionar espacios para inversiones que rápidamente son concesionadas, tiende a ser cuestionada, ya que se convierte en negocio de unos pocos, así como las obras que si bien pueden resultar atractivas para un sector de la población no son relevantes para atender los graves y diversos problemas que como sociedad nos aquejan.
¿Cómo se deciden las obras? ¿Qué problemática buscan atender? ¿Cuales son las prioridades? ¿A quiénes benefician o buscan hacerlo? ¿Quiénes saldrán afectados y cómo resolver las afectaciones? ¿Cuánto de los recursos públicos se compromete, así como los niveles de endeudamiento que la inversión en infraestructura conlleva? Todas son preguntas pertinentes, que en una sociedad democrática deberían poder responderse.
Por ejemplo, una obra todavía en proceso, no falta mucho para su conclusión, es el puente del bulevar Valsequillo y el 5 de Mayo; se ve gigantesco el asunto, pero hacia el poniente se topa con la Prolongación de la 11 Sur, con el Panteón Francés y el Municipal. Es decir una desproporción, salvo que en el futuro busque atravesar los panteones o se conecte con algo que todavía los terrenales no podemos visualizar. Mientras se construye este inmenso puente en una intersección que por lo menos debería tener el doble de tamaño para no reducir los carriles laterales, la ampliación de la calle Margaritas (continuación de Cúmulo de Virgo) en el tramo que va de la 16 de Septiembre al bulevar Valsequillo, que mejoraría la conectividad oriente poniente en el sur de la ciudad en la zona de Ciudad Universitaria, sigue pendiente.
El motivo es que todavía no se ha despejado el derecho de vía debido a que persisten, al parecer, amparos de los propietarios, a pesar de que las construcciones que ahí existen han dejado el espacio para la ampliación de la calle. La pregunta sería en este caso por qué el propietario de un terreno y/o casa que va a ser afectado por una vialidad planificada hace muchos años atrás debe ampararse para poder obtener una indemnización que no redunde en el despojo.
¿Por qué 60 vecinos de la zona donde se construye el teleférico deben apelar a los “buenos sentimientos” de Moreno Valle, para frenar las obras y el infierno que están viviendo por dicha construcción (La Jornada de Oriente, 25/07/2013, 4580), cuando la posible y real afectación a los vecinos debería ser un elemento central de una política de infraestructura centrada en la población a la cual dice beneficiar?
Varias de las obras del último trienio se han concentrado en la ciudad buscando fortalecer la actividad turística en detrimento de apoyar otras actividades de la periferia urbana –rural que sostienen y abastecen en parte a la ciudad. Se financian carreteras de cuotas para ser concesionadas mientras vías federales están en estado lamentable; por poner sólo un ejemplo se hizo la ampliación de la federal a Tepeaca, pero transitar en la noche y en temporada de lluvia por ahí es peligrosísimo; después de varios años de inaugurada siguen sin marcarse los carriles, ni el acotamiento, ni los topes, ni la subida al periférico está señalizada, obviamente la oscuridad total. En fin, los contrastes se profundizan en lugar de buscar acortar la brecha de la desigualdad.