Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua en el estado de Puebla “Joel Arriaga” exigieron este jueves al Congreso de la Unión que tome en cuenta los planteamientos surgidos en los más de 18 foros del parlamento abierto y en las audiencias públicas realizadas en las últimas semanas, con el fin de aprobar una Ley General de Aguas que prohíba de manera explícita la privatización de los sistemas de agua y saneamiento. Al respecto, señalaron que el paquete legislativo propuesto por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que será discutido este diciembre, es insuficiente y riesgoso, pues, a su valoración, perpetúa el modelo extractivista establecido en la Ley de Aguas Nacionales aprobada en 1992 durante el gobierno del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari.
En este sentido, exhortaron a los diputados federales a que la prohibición de la privatización de los servicios públicos de agua y saneamiento quede establecida de forma explícita en el artículo 44 de la Ley General de Aguas, así como la derogación del artículo 102, que fomenta la privatización de las obras hidráulicas federales.
Los integrantes de la asamblea, Manuel Bravo Bruno, María Eugenia Ochoa García, José Luis García Bello y Norberto Barreda, señalaron que la privatización de este derecho humano en Aguakan (Quintana Roo), así como en Puebla y Veracruz, ha dejado claras lecciones sobre el desastre que implica privatizar el servicio.
Entre estos casos destacaron el de Puebla, donde la empresa privada encargada del suministro y saneamiento, Concesiones Integrales, no ha cumplido con sus obligaciones desde 2014, lo que ha quedado demostrado en los múltiples amparos ganados por las organizaciones de defensa del agua en contra de la compañía.
Lo anterior, explicaron, ha generado daños no solo ambientales, sino también sociales, con enfermedades que afectan a comunidades asentadas en inmediaciones del cauce del río Atoyac, una de las cuencas más contaminadas del país y cuyos niveles de deterioro no han sido revertidos por la empresa.
“Lo más grave es que no da saneamiento: cobra por ello, pero no lo hace. Hay una demanda colectiva por todo el daño que ha causado a la Cuenca Alta del Atoyac, al río Atoyac, al Alseseca y al lago de Valsequillo”, aseguró María Eugenia Ochoa García.
Por ello, exigieron al Congreso de la Unión tipificar la contaminación del agua como delito penal e hídrico contra la salud, así como establecer la reparación integral del daño ambiental, económico y social.
Además, consideraron fundamental que el gobierno federal reconozca a los más de 50 mil comités comunitarios de agua que existen en el país, en Puebla, alrededor de 2 mil, pues son estas organizaciones las que, a su valoración, han sostenido la gestión del recurso y deben ser atendidas.
“Conagua ha contra argumentado esta postura diciendo que se necesitaría mucho dinero para atender a todos los comités. Sin embargo, consideramos que los recursos deben provenir de los tres niveles de gobierno y del esfuerzo que las comunidades han realizado durante años para prestar el servicio. Es posible”, afirmó Ochoa.
Por otra parte, los activistas señalaron la necesidad de terminar con la “impunidad fiscal de grandes usuarios” como mineras, agroindustrias y automotrices, que tan solo en 2023 pagaron 12 mil millones de pesos de los 56 mil millones que debían.
En este sentido, propusieron que la nueva Ley General de Aguas contemple la extinción de los volúmenes concesionados a aquellos titulares que no hayan declarado y pagado los derechos correspondientes durante dos años consecutivos.
“No quitamos el dedo del renglón: para ser congruentes con la política hídrica del país tendríamos que avanzar hacia una sola Ley General de Aguas. Pero sabemos que la nueva propuesta que se discutirá en diciembre ha generado una correlación de fuerzas de los grandes intereses que acaparan el agua, mineras, agroindustrias, automotrices, y que hoy operan en defensa de sus privilegios”, sostuvo Ochoa.
Grupos que hacen negocio con el agua están defendiendo sus intereses con cierres carreteros: Barreda
En este sentido, Norberto Barreda explicó que la discusión de la Ley General de Aguas, de aquí a la primera semana de diciembre, ha detonado una fuerte movilización de grupos con intereses en mantener el acaparamiento del agua y sus concesiones a lo largo del país.
Por ello, acusó, han recurrido al bloqueo de carreteras y, en su opinión, a la violencia, para exigir que sus privilegios no sean eliminados.
“Por supuesto que la decisión será difícil en el Congreso, porque, dependiendo de cómo avance la nueva ley, habrá inconformidades: unos porque defienden sus antiguos privilegios y nosotros porque defendemos el derecho al agua”, argumentó Barreda.
A modo de cierre, expuso que las organizaciones en defensa del derecho al agua que han sostenido esta lucha durante décadas lo han hecho con hechos y datos que demuestran los impactos de permitir que las industrias operen sin responsabilidades sanitarias. Además, añadió, han evidenciado quiénes son los grupos que han gozado de privilegios y han hecho negocio con el agua.
“No estamos cerrando carreteras ni usando la violencia que algunos grupos han empleado históricamente”, concluyó.
