Las crueles expresiones de la violencia social, impactan las regiones y sectores de la población en mayores condiciones de vulnerabilidad. El crimen oportunista y el crimen organizado, han superado por mucho a las estructuras de gobierno supuestamente dedicadas a prevenir o sancionar el crimen, mismas que han demostrado ser sumamente ineficientes en sus responsabilidades.
Los barrios, vecindarios, y comunidades que se encuentran en mayores condiciones de precariedad, son blanco para la criminalidad. Desempleo, violencia doméstica, negligencia, pobreza, desalojos, falta de espacios educativos y recreativos, limitadas oportunidades económicas, entre otros, son factores que enmarcan la violencia criminal. Son estos espacios de mayor vulnerabilidad, donde el crimen organizado y el crimen oportunista, toman ventaja para ampliar sus redes criminales. Las redes delictivas se han montado en prácticas comunitarias para aprovecharse e insertarse en diversas regiones del país. El crimen se presenta como una posibilidad de “ascenso social” para la juventud, convirtiendo a las comunidades más empobrecidas en centros de reclutamiento. Aunado a esto, la infiltración del crimen en las estructuras judiciales, permite la prevalencia de la impunidad. Todo esto se enmarca en lo que se conoce como lo perverso de lo social.
Aunado a esto, en ocasiones observamos una limitada capacidad comunitaria organizativa, que resulta fundamental para inhibir los comportamientos delictivos. Sin embargo, no todo es victimización. Podemos observar también, algunas expresiones de las comunidades y barrios, donde su capital social resulta fundamental como estrategia cotidiana contra el crimen. Las juntas de vecinos, policías comunitarias, organizaciones barriales y comunitarias, son espacios donde las personas establecen lazos de confianza y solidaridad, y comienzan a articular algunas acciones coordinadas para prevenir el crimen.
La posibilidad de fortalecer la capacidad de la población es fundamental para que el sistema de interrelaciones entre personas, grupos y organizaciones, permita redefinir las expresiones del poder colectivo. En las actividades cotidianas, se pueden identificar las condiciones de vulnerabilidad ante el crimen, y de ahí puede partirse para identificar las posibles estrategias para prevenirlo. Muchas comunidades han comenzado a elaborar acciones para proteger sus espacios vitales de la delincuencia y reapropiarse del territorio, del espacio público. Las comunidades intentan integrar en sus actividades cotidianas medidas de autoprotección, vigilancia y coordinación entre las personas de la comunidad y en ocasiones con las autoridades locales, esto con la intención de prevenir los actos delictivos. Desafortunadamente, esto es insuficiente, la limitada capacidad de respuesta de las comunidades y de las autoridades, continúan dejando en riesgo y vulnerabilidad a la población.
Los gobiernos y autoridades deberían escuchar, aprender de las comunidades. Sin embargo, esto no es suficiente si no va acompañado de acciones que permitan erradicar las condiciones de empobrecimiento y marginalidad que ponen en riesgo a las comunidades ante las bandas delictivas. Se requiere fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades y garantizar la dignidad de vida al interior de las mismas. Se requiere identificar aquellas actividades cotidianas que potencializan el crimen, para crear mecanismos que permitan prevenirlo y erradicarlo
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