El periodo más oscuro del que se tenga memoria en la historia moderna de Puebla fue el que encabezó el hoy fallecido panista, Rafael Moreno Valle Rosas, que utilizó la represión, la persecución y la fabricación de delitos para encarcelar a sus opositores, críticos y disidentes.
Aunque el poder de Moreno Valle se prolongó más allá de su sexenio constitucional, a través de las personas de José Antonio Gali Fayad y Martha Érika Alonso, fue en su periodo como mandatario en el que el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla documentó más de 368 casos de reos, perseguidos o procesados por la vía de la imputación de ilícitos inexistentes.
Entre esos presos políticos estuvo el ambientalista, Francisco Castillo Montemayor, quien denunció todos los atropellos y crímenes ambientales que cometió Rafael Moreno Valle, lo cual le valió el encierro en condiciones de tortura e incluso con riesgo a su vida -estuvo hospitalizado- por casi 10 meses.
El ex secretario del Medio Ambiente anunció ayer que demandará penalmente a las personas que como funcionarios, participaron del abuso de poder que sufrió. Esta acción es encomiable, pues representa un intento legal serio por acabar con la impunidad de que gozan los antiguos miembros del morenovallismo, muchos de los cuales siguen en puestos de poder público a pesar de los atropellos que cometieron, aprovechando la desmemoria que suele encubrir, pasado el tiempo, a los hechos arbitrarios.
Es también plausible el tesón y congruencia mostrados por Francisco Castillo Montemayor durante todos estos años, una conducta digna de celebración y ejemplo.