En su propuesta para lograr el renacimiento de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siendo aspirante a la Presidencia de la República ofrece, en una conferencia dictada el 11 de agosto de 2016 en un ciclo de conferencias titulado “Rumbo al 2018”, una opinión categórica: “la crisis de México –dice el hoy presidente–, no podrá enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad, lo cual implica cambiar el actual régimen y establecer un orden político nuevo, democrático, con honestidad, justicia y apego a la legalidad.”
Para AMLO, en México ha existido una república simulada, no un gobierno del pueblo y para el pueblo. En los hechos, concluye: “un pequeño grupo ha confiscado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El Estado ha sido convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz.”
En efecto, la connivencia entre el poder político y el poder económico, tenía al gobierno sometido a los intereses de las grandes empresas monopólicas. En los hechos, sobre todo en la fase neoliberal del desarrollo capitalista, la oligarquía confiscó los poderes y mantuvo secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El aparato gubernamental fue convertido en un mero comité al servicio de la oligarquía, incluso, la corrupción llegó a extremos inconcebibles cuando la Secretaría de Seguridad Pública estuvo al servicio de la delincuencia organizada y se llegó a implantar como modus operandi la apropiación ilegal de las riquezas de la nación. No solo se trataba de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público, en los gobiernos neoliberales la corrupción se convirtió en la principal función del Estado.
En los hechos, nada bueno significó esta política destructiva. En los 36 años de gobiernos neoliberales, ni siquiera en términos cuantitativos se logró avanzar. Al contrario, la constante fue el estancamiento económico y la falta de oportunidades de empleo, que obligó a millones de mexicanos a emigrar o a buscarse la vida en actividades de la economía informal de manera que, hacia el final del gobierno de Enrique Peña Nieto, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) se encontraba en la economía informal, sin ninguna seguridad social.
Y no fue todo, los gobiernos neoliberales jamás diseñaron una política económica de fomento al empleo o al crecimiento, para ellos el funcionamiento de la economía debe dejarse al libre juego de la oferta y la demanda, bajo el supuesto de que estas fuerzas, siempre, fijan precios de equilibrio que benefician tanto al consumidor como al empresario. Esto, la falta de una política económica que interviniera para corregir las desviaciones del mercado, significó el abandono de las actividades productivas, sobre todo del campo, así como la falta de empleo en las ciudades y la desatención a los jóvenes y a los adultos mayores.
Por todo ello, resultaba absurdo pensar, antes del 2018, en seguir con la auto regulación de la economía y las reformas estructurales que permitieron, entre otras cosas, entregar el sector energético al capital privado. El consenso, social era la necesidad de cambiar para superar la decadencia del país. La experiencia indicaba que ningún proyecto de nación funciona si la prosperidad de unos pocos se sustenta en la pobreza de muchos.
El sexenio de AMLO, ha sentado las bases para la transformación del país y lograr la separación del poder político del poder económico, sin embargo, si se pretende realmente cambiar, seis años no son suficientes, por eso el próximo gobierno deberá continuar con el Proyecto Alternativo de Nación y volver a derrotar, con un alud de votos, a la derecha que pretende volver al pasado neoliberal.