La carencia de una ley estatal para la participación ciudadana no es obstáculo ni debe ser pretexto para impedir una consulta a fin de preguntar a la ciudadanía de Puebla y los municipios que tienen privatizado el servicio de agua potable, si están a favor de devolver el control del mismo a un organismo público, advirtió René Sánchez Galindo.
Entrevistado por La Jornada de Oriente a propósito del anuncio que la semana pasada hizo la Colectiva por el Bienestar sobre una consulta para remunicipalizar el suministro del líquido potable y los servicios conexos, el ex secretario de Gobernación en el ayuntamiento de Puebla dijo que la acción es viable, porque aunque no hay una norma local específica para llevarla a cabo, ese derecho ciudadano está garantizado por la Constitución.
El abogado puso como ejemplo lo que sucedió con alcaldes y diputados estatales que en el pasado proceso electoral se reeligieron, a pesar de que no había una normativa local para tal efecto.
Indicó que en el caso de la consulta popular para echar atrás la privatización y remunicipalizar el manejo del elemento, serían los órganos electorales quienes podrían organizar el ejercicio, una vez que los promotores cumplan con el número de firmas requerido para solicitar legalmente la votación, manifestó.
En ese sentido, a pregunta expresa, Sánchez Galindo explicó que la Constitución establece como requisito para solicitar una consulta popular un número de firmas mínimo equivalente al 2 por ciento del padrón electoral y que en algunas entidades federativas que ya tienen ley de participación ciudadana el mínimo de signaturas es del 3 por ciento.
El litigante y activista consideró que si el Congreso poblano busca establecer una ley para la consulta, el porcentaje requerido no debería ser mayor al 5 por ciento, una cifra de rúbricas que las organizaciones y militantes que luchan por la desprivatización podrían acopiar.
Sánchez Galindo dejó claro que la consulta popular no se realizaría solo para la capital poblana sino para otros municipios donde el servicio de agua potable está privatizado.