El Consejo Universitario ha aprobado esta mañana un posicionamiento para rechazar el intento del Congreso local de imponerle a la UAP un órgano interno de control.
El dictamen aprobado por unanimidad, señala que la máxima casa de estudios forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, ha cumplido con las revisiones que le han hecho los órganos fiscalizadores federal y estatal, amén de que no hay disposiciones legales que faciliten al Poder Legislativo a intervenir en el manejo de las finanzas de la institución educativo, más allá de las auditorías que por ley deben practicársele.
Asimismo, varios consejeros advirtieron que no solo la UAP está sometida ante el embate gubernamental sino muchas instituciones homólogas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que propusieron establecer un frente con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para defender la autonomía universitaria.
Señalaron que la pretensión de imponer un órgano interno de control es el principio de una campaña llevada a cabo por la llamada Cuarta Transformación de la Vida Pública de México para luego decidir en aspectos aún más delicados, como la designación de autoridades universitarias.
Como en las sesiones del Consejo Universitario más recientes, en la de este jueves nuevamente varios consejeros propusieron movilizaciones para defender a la UAP de los ataques de los diputados poblanos, pero la moción no fue aprobada.
Tras la votación sobre el repudio al órgano interno de control, los consejeros clamaron: “¡autonomía!”, “¡autonomía!”.
En concreto, los consejeros universitarios aprobaron por unanimidad de votos exhortar al Congreso del estado a abstenerse “de irrumpir en el ámbito de facultades que corresponden exclusivamente a la comunidad universitaria”, según la fracción VII del Artículo Tercero Constitucional.
Durante la cuarta sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno de la institución, Eduardo Monjaraz Guzmán, representante del Grupo de Enlace y Seguimiento, afirmó que la imposición de un órgano de control interno, como lo propone el gobierno del estado, violaría la autonomía universitaria consagrada en dicho artículo, pues se estaría consignando una excepción a la facultad de autogobierno y autorregulación de las universidades públicas autónomas.
“La autonomía es sinónimo de garantía y de calidad educativa, de la concentración y libertad de ideas, por lo que solo debe estar en manos de maestros y alumnos. Debe ser ajena a toda injerencia que afecte los fines constitucionales, pues solo así podrá exigirse a la universidad los resultados demandados por la nación, por lo tanto, no resulta constitucional ni legalmente posible que reciba órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la toma de sus decisiones”.
Ante el pleno del Consejo Universitario, Monjaraz fundamentó que el límite razonable entre el ejercicio de la autonomía y el cumplimiento de los postulados del Sistema Nacional Anticorrupción para validar la fiscalización de los recursos públicos, “no se logra con la creación de un órgano al que se le faculta revisar todas las actividades de la universidad, ya que las disposiciones reclamadas rebasan los fines de este sistema y vulneran el principio de autonomía universitaria, por lo tanto son inconstitucionales”.
Finalmente subrayó: “La universidad nunca ha negado su responsabilidad de rendir cuentas, las evidencias que hemos sometido a través de los informes de auditorías internas, federales y locales, comprueban esa vocación de transparencia”.
Por consiguiente, “cualquier otro órgano de control interno nombrado por cualquier instancia, que no sea la propia universidad, solo vendría a suplantar las atribuciones y facultades exclusivas de nuestra máxima casa de estudios”.