El Poder Judicial de Puebla ocultó el nombre y el motivo por el que se han presentado quejas en contra de jueces y magistrados, bajo el argumento de proteger el principio de presunción de inocencia de dichos servidores públicos.
De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura proporcionados a La Jornada de Oriente a través de una solicitud de información pública, entre noviembre de 2022 y abril de 2023 –un periodo de seis meses– recibió 153 acusaciones en contra del desempeño de jueces y magistrados, lo que implica un promedio de un caso cada día.
Esta casa editorial solicitó las quejas recibidas entre el primero de enero de 2019 al 24 de abril de 2023, a lo que el organismo respondió que cuenta con datos a partir del 27 de octubre de 2022 que fue cuando fue instalado.
En la misma solicitud se pidió dar a conocer el nombre de los jueces y magistrados de cuyo desempeño hubo molestias entre los usuarios así como el motivo de estas, a lo que se respondió que no era posible otorgar esa información.
El Consejo de la Judicatura argumentó que si bien la Constitución protege el derecho a la libertad de expresión y a la información, también contempla el principio de presunción de inocencia, motivo por el que es necesario proteger el nombre de los jueces y magistrados hasta que se concluya las investigaciones que se iniciaron tras recibir quejas en su contra.
“El denominado por el solicitante “motivo de la queja” resulta información controlada por el principio de presunción de inocencia establecido constitucionalmente y convencionalmente, desarrollado por la jurisprudencia nacional e internacional y debe ser garantizado en la especie POR TODA AUTORIDAD COMPETENTE de gobierno, administración y vigilancia.”, se expuso.
En meses recientes, diversas instancias han señalado que presentaron quejas en contra de jueces del Poder Judicial debido a que podrían haber incurrido en conductas al margen de la ley.
Por ejemplo, en marzo de este año el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer que fue presentada una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de la juez Lizeth del Carmen Fuentes debido a que permitió la liberación de María Hilda Bustillos Lucas, conocida como “Lili Bustillos”, acusada de explotar laboralmente a mujeres indígenas, y después tuvo que ser detenida nuevamente.
En junio de 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta cuestionó el actuar del juez Enrique López Criollo debido a que concedió al presunto criminal Abraham Filiberto, conocido como “El Pelón del Sur”, seguir en libertad un proceso penal que se sigue en su contra a cambio de ciertas condiciones como tener un trabajo estable, no cambiar de residencia misma que se verificará a través de su firma periódica y prestar servicio social.