Desde hace varios meses está presente una crisis recurrente en el Poder Judicial poblano que es la escasez de insumos básicos para el buen funcionamiento de los juzgados, pues en la mayoría no se cuenta con papelería, cartuchos de tinta para impresoras y artículos de limpieza. En algunos otros no hay un servicio regular de agua potable. Y en casos extremos de plano no funciona la red de internet. Tal situación lleva a que algunos jueces tengan que solventar con dinero sus bolsillos esas necesidades y en otros más, recurren a la solidaridad de los gobiernos municipales, que no tienen la obligación de atender tales carencias.
Fuentes bien informadas cuentan que han sido muchos los oficios que jueces o secretario de juzgados –sobre todo del interior del estado—han mandado al Consejo de la Judicatura pidiendo ayuda o exigiendo que se cumpla con las obligaciones de dotarles de insumos materiales, pero en casi todos los casos hubo “oídos sordos”.
Por eso un comentario generalizado es que José Eduardo Sánchez Hernández no solamente tiene contados sus días como presidente del Consejo de la Judicatura, que por norma en los próximos debe ser relevado, sino también estaría llegando a su fin su pertenencia al Poder Judicial del estado.
Hay dos razones por lo cual muchos creen que estaría viviendo sus últimas semanas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ): una es de carácter administrativo y otra más, de índole político, siendo la más grave la segunda.
Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle hubo un intento de meter a la cárcel a Alejandro Armenta Mier, cuando todavía militaba en el PRI, como parte de la persecución política que hubo en ese periodo contra todos los críticos del entonces titular del Poder Ejecutivo.
Se dice que unos de los artífices para intentar procesar a Armenta, bajo el argumento de que había realizado negocios ilícitos a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social –en el sexenio marinista–, habría sido José Eduardo Sánchez Hernández.
En ese entonces, era un personaje subordinado a Eukid Castañón Herrera, quien era el encargado de la política represiva del morenovallismo.
Tal situación explicaría porque José Eduardo Sánchez Hernández -quien llegó a la cabeza del Consejo de la Judicatura el 12 de septiembre de 2023—en lugar de mantener una conducta distante del último proceso electoral, como era lo correcto, buscó tomar partido.
Primero se adhirió al círculo político de Ignacio Mier Velazco, quien fue el rival acérrimo de Alejandro Armenta Mier en la lucha por la candidatura de Morena al gobierno de Puebla.
Y cuando Armenta ya fue ungido como el abanderado de la 4T, se comenta que el togado ahora se habría sumado a la causa del panista Eduardo Rivera Pérez, quien desde la oposición de manera fallida le disputó la gubernatura a Alejandro Armenta Mier.
Queda claro que el presidente del Consejo de la Judicatura siempre ha buscado estar en el lado contrario de Alejandro Armenta Mier y que no ha guardado la neutralidad que, por ética y sentido común, tendrían que observar todos los miembros de la cúpula del Poder Judicial.
En el “radio pasillo” del Poder Judicial se comenta que Sánchez Hernández ya no tiene cabida en la era “armentista”. Es decir, en el sexenio que está por iniciar en poco más de un mes.
La mala imagen de este personaje se ha acrecentado por su falta de carácter para resolver los problemas administrativos del Consejo de la Judicatura.
En el año y dos meses que ha estado al frente del Consejo de la Judicatura se ha comentado mucho –en los corrillos del Poder Judicial– de que hay un par de funcionarios del TSJ que manejaron a su antojo los presupuestos de los insumos materiales y la colocación de personal en los juzgados, a tal grado que no resistirían una auditoría a sus finanzas personales.
Mal momento para el Poder Judicial poblano haber tenido a José Eduardo Sánchez Hernández al frente del Consejo de la Judicatura, pues como nunca ha sido severamente cuestionada la eficacia, la honradez y la ética de los encargados de administrar la justica en Puebla y en todo el país.