Domingo, mayo 9, 2021

Consecuencias de la reforma energética serán desastrosas: Blanca Rubio Vega

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La aplicación de la reforma energética en nuestro país será desastrosa; se prevé la devastación de monocultivos, el despojo masivo de la tierra, la depredación del medio ambiente y sus recursos en especial, el agua que será utilizada en grandes cantidades en la extracción de gas o petróleo, así como la desintegración de muchas comunidades, sentenció la doctora en Economía por la UNAM Blanca Rubio Vega.

Ninguna comunidad en el país será invulnerable al despojo, dijo, pues aunque se eliminó el término expropiación, en su lugar se colocó el de “ocupación temporal” de las tierras que se consideren necesarias para la explotación de nuestros recursos.

“Sin duda, en los próximos años el embate más fuerte será la reforma energética que permite a  las empresas apropiarse temporalmente de esas tierras y de acuerdo con lo que se aprobó las comunidades van a tener sólo un mes para llegar a una negociación económica; pero en caso que no se concerte ninguna, entonces sus tierras pueden ser expropiadas para el usufructo de las empresas energéticas”, indicó, la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

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Esto va a causar la destrucción de muchas comunidades y a la par afectará el abastecimiento de alimentos básicos, ya que muchas de ellas se dedican a cosecharlos.

En este despojo cualquier comunidad será vulnerable, ya que cualquier tierra que represente un lugar rico en recursos petroleros podrá ser saqueado de manera legal, expuso.

Antes las comunidades eran dueñas de la “piel” de la tierra y el subsuelo era propiedad del Estado, pero ahora con la reforma energética se abre la posibilidad de que empresas privadas se apropien de éste.

Cabe recordar que de acuerdo a la reforma energética o ley de hidrocarburos los dueños de la tierra deberán negociar un acuerdo para permitir la explotación por medio de la compra–venta, las figuras de servidumbre legal, ocupación temporal o afectación superficial, pero en caso de ésta que no se concrete, el Estado ordenará los pagos que le corresponden a cada propietario.

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