Sábado, abril 10, 2021

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Por mayoría de votos, Congreso aprueba hasta 10 años de cárcel a quien venda vacunas falsas contra el Covid-19

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Por mayoría de votos, los diputados locales aprobaron reformas al Código Penal de Puebla para sancionar hasta con 10 años de prisión a quienes comercialicen vacunas falsas contra el coronavirus.

La legisladora priista Rocío García Olmedo advirtió que el cambio a la ley poblana aprobado este jueves, es susceptible de ser revocada, pues la venta de vacunas falsas es un delito que ya está contemplado en la legislación federal, por lo que el Congreso estaría extralimitándose en sus facultades.

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Ante la advertencia de García Olmedo, 10 de los 39 diputados que discutieron el tema durante una sesión ordinaria, pidieron que la iniciativa, que fue presentada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, fuera nuevamente discutida, pero los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia se opusieron y por mayoría de votos aprobaron la propuesta del mandatario.

La iniciativa de Barbosa Huerta fue aprobada sin ningún cambio y esta establece cárcel de entre cinco y siete años para quienes vendan vacunas falsas contra el coronavirus.

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La pena aumenta hasta una mitad si el delito lo comete un profesional de la salud, a quien además se suspenderá su cédula profesional y licencia comercial por 10 años para ejercer su profesión y comercio.

Fue apenas el jueves pasado cuando Barbosa envió al Congreso su propuesta; el martes fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Procuración y Justicia y este jueves pasó al Pleno para su aprobación, lo que fue fustigado por el diputado José Juan Espinosa Torres, del PT, pues indicó que “ojalá así se diera trámite a todas las iniciativas” relacionadas con la epidemia de Covid-19.

En su oportunidad, García Olmedo expuso que con el cambio al Código Penal se invadió la competencia federal, pues la venta de vacunas apócrifas ya es un delito que contempla la Ley de Salud de la federación.

Explicó que la iniciativa de Barbosa establece otro tipo de penalidad para el delito en cuestión, lo que provocaría confusión al momento de juzgarlo y, por ende, una posible impunidad al no saber cómo castigarlo. “Estaríamos ante el mismo tipo penal, pero con consecuencias jurídicas distintas”, acotó.

“En Puebla sería un fraude y sería perseguido por querella, y alcanzaría el beneficio de la libertad, y a nivel federal conservaría su gravedad pero al no poder juzgar a una persona por el mismo delito, se causaría impunidad”, comentó.

En ese sentido, insistió en que la normativa es susceptible de la presentación de una reforma de inconstitucionalidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo de recordar otros cambios que el Congreso poblano ha aprobado y que han sido corregidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque el Poder Legislativo poblano se invadió la espera federal.

“Estamos ante una clara invasión de competencias por parte de esta legislatura, pero en esta ocasión no iniciaré con una elaborada explicación doctrinal en materia penal de difícil comprensión, me centraré en temas prácticos que permitan visibilizar la gravedad de legislar sin un estudio previo”, remarcó.

La diputada panista Mónica Rodríguez Della Vechia pidió que, ante la advertencia hecha por su compañera priista, la iniciativa fuera regresada a comisiones para un nuevo análisis, pero su propuesta fue desechada por mayoría de votos de los morenistas.

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