El Congreso de Puebla realizará un diagnóstico de la concesión de tratamiento de aguas residuales que maneja la compañía Acuapue en el nororiente de la capital del estado, para definir si procede la ampliación de contrato que propone el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).
El análisis lo anticipó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, al recordar que fue un pendiente heredado por la legislatura pasada.
“No podemos tomar decisiones ni hacer comentarios si no se conoce el fondo de todo lo que nos están dejando”, argumentó la también coordinadora de la bancada mayoritaria de Morena.
Una vez que se tenga el diagnóstico, adelantó que el Congreso convocará al director del SOAPAP, Gustavo Gaytán Alcaraz, para escuchar de viva voz la propuesta que impulsa en torno a la permanencia de Acuapue, encuentro que se suma a otro que está pendiente con el mismo funcionario, en este caso para que explique los resultados de la concesión de agua potable que maneja la firma Agua de Puebla en la ciudad de Puebla y colonias de municipios conurbados.
“No los vamos a sentar en el banquillo de los acusados, estamos empezando (la legislatura) y retomando ese tipo de pendientes”, expuso.
Acuapue genera deuda de 118 mdp; se pretende elevar en 50%
La Jornada de Oriente reveló el 1 de septiembre pasado que la concesión de Acuapue ha generado un adeudo para el SOAPAP de 118 millones de pesos, por la operación de una planta tratadora de aguas residuales que opera en los parques industriales Puebla 2000, Chachapa y La Resurrección, así como en tres polígonos de la zona habitacional adyacente al primero.
El organismo público y la compañía pretenden elevar el pasivo en 50 por ciento, a través de un plan de inversión de 58 millones de pesos que propone ejecutar Acuapue para mejorar el funcionamiento de la planta, en medio de acusaciones de activistas de que la firma incumple el saneamiento de las descargas que realiza en el río Alseseca.
La inversión privada se convertiría en deuda para el Estado, porque el SOAPAP pretende reembolsarle a la empresa cada peso que erogue, motivo por el cual el sistema operador solicitó autorización del Congreso para ampliar el título de concesión de 2030 a 2040, plazo que podría incrementarse en caso de que el organismo público no haya saldado el compromiso de pago en los 10 años previstos.