La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla propuso este jueves modificar el decreto que autoriza a los 217 ayuntamientos a solicitar créditos por hasta 2 mil 600 millones de pesos, para establecer como plazo máximo de pago hasta 937 días, es decir, dos años seis meses, desde la fecha de suscripción del contrato. Esta reforma busca definir plazos claros para el cumplimiento de adeudos fiscales y garantizar que los financiamientos se liquiden dentro del periodo constitucional de las administraciones municipales.
La iniciativa presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local plantea adherir una especificación temporal al decreto vigente, facilitando que los ayuntamientos tengan certeza sobre la fecha límite para cumplir con el pago de los empréstitos adquiridos durante la actual gestión.
Hasta ahora, el decreto aprobado en marzo permitía que los 217 municipios pudieran solicitar créditos por hasta 2 mil 600 millones de pesos, pero sólo exigía que la deuda no excediera el periodo de gobierno en curso. Con la nueva propuesta, se fija el límite de 937 días contados a partir de la firma del contrato o desde la primera disposición de recursos, lo que equivaldría a dos años y seis meses. Esta modificación busca que los ayuntamientos precisen en sus acuerdos el plazo máximo exacto, junto con la fecha de vencimiento de cada financiamiento.
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Además, la reforma aclara que bajo ninguna circunstancia el pago podrá exceder el término constitucional de las administraciones municipales contratantes, fijando el 14 de octubre de 2027 como fecha de vencimiento para la liquidación de los créditos.
Cabe recordar que, en marzo pasado, el Congreso autorizó a los ayuntamientos solicitar créditos por más de 2 mil 600 millones de pesos. Sin embargo, en aquel decreto no se detallaba la cantidad de días para el vencimiento, aspecto que ahora se regulariza.
Según el decreto, el municipio de Puebla podría acceder a un límite de 777.7 millones de pesos por concepto de endeudamiento, mientras que Tehuacán tiene derecho a pedir hasta 101 millones de pesos. El resto de los municipios accedería a montos proporcionales y dependientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
El decreto vigente estipula que los empréstitos deberán formalizarse con instituciones crediticias del sistema financiero mexicano, seleccionando aquella que ofrezca las mejores condiciones de mercado. La garantía de pago de cada municipio es respaldada por los recursos que le corresponden del citado fondo federal.
Un mecanismo similar fue autorizado en 2023, cuando diversas administraciones municipales recurrieron a créditos bancarios a liquidarse antes de finalizar su periodo. Destaca el caso del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien solicitó 137 millones de pesos con Banobras para obras en el Centro Histórico, liquidando el adeudo al concluir su administración.
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