A tres días de su aprobación en el pleno y un día después de su entrada en vigor, Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, anunció la realización de mesas de trabajo y debates para analizar el impacto de la ley contra el ciberasedio. La reforma fue publicada el viernes pasado en el Periódico Oficial del estado y entró en vigor el sábado.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la legisladora, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier solicitó al Poder Legislativo local someter la legislación aprobada a discusión pública. El mandatario estatal pidió la organización de foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y el colegio de abogados para analizar la Ley de Ciberseguridad en lo relativo al ciberacoso.
En respuesta, García Chávez afirmó que, atendiendo tanto el llamado del gobernador como de la ciudadanía, a partir de esta semana se realizarán mesas de trabajo y debates bajo el esquema de parlamento abierto. El objetivo es escuchar todas las voces y analizar el impacto de la ley, garantizando los derechos de libertad de expresión y la responsabilidad ciudadana, con énfasis en la protección de infancias y juventudes.
Las reformas aprobadas por el Congreso del estado contemplan la investigación y sanción de campañas anónimas en redes sociales, destacando el delito de ciberasedio, que implica penas de 11 meses a tres años de prisión y multas de 50 a 300 unidades de medida y actualización.
El nuevo artículo 480 del Código Penal estatal define el ciberasedio como el uso de tecnologías de la información para injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona de manera insistente, causando daño importante en su salud. Esta conducta será castigada con prisión y sanción económica, buscando frenar el acoso persistente en plataformas digitales.
Además, el artículo 278 Decies establece penas de 15 meses a 5 años de prisión y multas de 70 a 500 días del valor diario de la unidad de medida y actualización para quien, mediante redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, contacte a menores de edad o personas incapaces con fines de crear un vínculo de confianza, control emocional o chantaje sexual.
La legislación también prevé sanciones equivalentes al delito de fraude —de 6 meses a 3 años de cárcel y multa de 5 a 50 unidades de medida— para quienes, usando tecnologías de la información, se hagan pasar por empleados o instituciones financieras con el fin de obtener datos personales o información confidencial y obtener un beneficio indebido.
El artículo 479 tipifica el espionaje digital, castigando con 1 a 3 años de prisión y multas de 50 a 250 días del valor diario de la unidad de medida y actualización a quien acceda sin autorización a equipos o sistemas informáticos para obtener datos o documentos personales.
Durante la discusión de la reforma, García Chávez aseguró que la legislación no busca censurar medios de comunicación ni periodistas, sino combatir el ciberasedio. Respondió así a los señalamientos de los diputados panistas Susana Riestra Piña y Rafael Micalco Méndez, quienes advirtieron que la reforma podría usarse para acallar voces críticas y periodistas incómodos. La presidenta del Congreso, acompañada por legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, defendió que el concepto de ciberasedio crea un tipo penal específico, consultado con especialistas de la Policía Cibernética y la Fiscalía General del Estado.
