El Congreso local frenará los aumentos trimestrales en las tarifas que aplica la concesionaria Agua de Puebla para Todos, autorizados en la legislatura pasada desde 2022, en respuesta a las múltiples quejas ciudadanas por el servicio e indicios de que ha incumplido la inversión en infraestructura hídrica a la que se comprometió la firma.
La decisión fue informada por el grupo parlamentario de Morena, con mayoría en el Poder Legislativo, a través de los diputados Jaime Aurioles Barroeta, Andrés Villegas Mendoza y Graciela Palomares Ramírez.
Jaime Aurioles descartó que procedan acciones jurídicas contra la determinación que tomará el Legislativo, por parte de la concesionaria, ya que el acuerdo estará debidamente sustentado en el marco legal y las condiciones del título de concesión.
“Nosotros tenemos la facultad de poder detener el incremento de las tarifas (…) Ahorita están terminando el análisis (de las condiciones en la que se encuentra la concesión) y una vez que tengamos este análisis finalizado se va presentar al pleno esta propuesta”, detalló.
Recordó que la concesión se asignó en 2013 a un plazo de 30 años, por lo que el Congreso tiene que verificar si Agua de Puebla está aplicando la inversión que pactó a cambio del incremento tarifario de 2022.
Cuestionado si el Congreso corroboró si la compañía ha incumplido con la inversión, a partir de los datos aportados por el director de la misma, Héctor Durán Díaz, en la comparecencia ante el Congreso local del 13 de noviembre pasado, respondió que sí, pero todavía se analiza en qué magnitud.
“Lo tenemos que determinar de manera exacta para actuar de manera responsable y no hacer lo que se hizo con anterioridad (en la legislatura pasada) de nada más autorizar un aumento, para tapar el hoyo”, expresó.
Al confiar en que la propuesta de suspender los aumentos trimestrales en las tarifas será aprobada antes de finalizar el año, salió al paso de las críticas que recibió la bancada de Morena de actuar de manera complaciente con Héctor Durán, en su visita al palacio legislativo.
“La comparecencia no era un juicio. El propósito fue recibir la información (relativa a la operación de la concesionaria), para analizarla de manera seria y pormenorizada, a fin de que cuando tomemos una determinación no nos puedan rebatir. No tenía mucho sentido convertirla en una cacería de brujas”, argumentó. a