Congreso evaluará el perfil de la nueva secretaría de la Función Pública del estado

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso de Puebla el nombramiento de Laura Olivia Villaseñor Rosales como titular de la Secretaría de la Función Pública, para que los diputados determinen si procede su ratificación.

El mandatario local explicó en septiembre pasado que la presencia de Villaseñor en su gabinete tiene como objetivo dotar de mayor autonomía a esa dependencia, que tuvo como anterior titular a Karen Berlanga Valdés.

La Secretaría de la Función Pública es la responsable de auditar e inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal, para que éste guarde congruencia con la Ley de Egresos del Estado que aprueba el Congreso.


De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, el nombramiento de Olivia Villaseñor debe estar acompañado de su declaración de interés para que los legisladores puedan valorar su perfil.

Los documentos se turnaron a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, órgano que es presidido por el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, e integrado por el resto de los líderes parlamentarios.

Ingresa paquete de iniciativas

En la sesión del Congreso de ayer, también ingresó la iniciativa de Ley de Planeación que turnó el titular del Poder Ejecutivo del estado para incorporar en el marco normativo mecanismos de evaluación de los programas sociales.

Barbosa anunció la nueva legislación el 7 de noviembre pasado en una reunión con empresarios, a quienes aseguró que la normativa se diseñó con la finalidad de combatir la corrupción y la burocracia.

Explicó que los mecanismos de evaluación permitirán medir los resultados de los programas sociales, con el propósito de que no se derroche recursos públicos en actividades gubernamentales con bajo impacto.

Ley de Planeación ingresó al Congreso dentro de un paquete que contiene también una nueva Ley de Hacienda del Estado de Puebla, así como una iniciativa de reforma al Código Fiscal del estado. La primera se turnó a la Comisión de Gobernación para su dictaminación; las dos últimas a la Comisión de Hacienda.