El pleno del Congreso del estado aprobó este jueves la Ley de Ingresos 2026 por un monto de 131 mil 365.8 millones de pesos, sin modificar la propuesta inicial enviada por el gobierno estatal. La mayoría respaldó el planteamiento del Ejecutivo con el argumento de que responde a un escenario económico complejo, aunque la oposición advirtió recortes federales que impactarán en salud y seguridad.
Desde tribuna, Guadalupe Vargas Vargas, presidenta de la Comisión de Hacienda, sostuvo que la Ley de Ingresos está “basada en la realidad” y construida para un contexto que no es el más armónico. Defendió que para 2026 no se crearán nuevos impuestos y aseguró que se respeta el principio de proporcionalidad tributaria.
En contraste, la diputada priista Delfina Pozos subrayó que el paquete de ingresos evidencia que la Federación disminuyó recursos al estado, lo que se refleja en menores montos para rubros estratégicos. Señaló reducciones en fondos destinados a salud y seguridad, así como una caída de 589 millones de pesos en aportaciones federales y más de 488 millones de pesos menos para servicios de salud.
Pozos advirtió que con estos niveles de ingresos “no se podrá cubrir” de manera adecuada la atención en seguridad y salud, ámbitos donde se requeriría incluso un incremento de recursos. Planteó que la reducción de transferencias federales limita la capacidad del estado para responder a las demandas ciudadanas en estas materias.
Por separado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, indicó que no será un obstáculo para la aprobación del paquete fiscal, pero advirtió que en 2026 el estado operará con un margen financiero reducido. Expuso que los ingresos federales no registran crecimiento real y, en algunos casos, disminuyen, lo que restringe la capacidad de gasto de la administración estatal.
Suriano detalló que la disminución del Fondo de Salud impactará el equipamiento y la operación de infraestructura en este sector. Añadió que se observa una caída en convenios federales y la desaparición del fondo de agua potable, al tiempo que recordó que la Ley de Ingresos fue aprobada con 39 votos a favor y uno en contra.
En la discusión en lo particular, la diputada panista Susana Riestra Piña propuso incorporar en la Ley de Ingresos el cobro por el uso del Teatro Principal, el Auditorio de la Reforma, el Centro de Convenciones y el Auditorio Metropolitano, entre otros espacios bajo responsabilidad del Organismo Público Convenciones y Parques. Argumentó que actualmente estos cobros se realizan de manera discrecional y que deben estar previstos en la ley para dar certeza jurídica.
Riestra recordó que desde julio presentó la iniciativa para que dichos cobros queden asentados como parte de la Ley de Ingresos y subrayó que ninguna autoridad puede imponer un tributo sin una disposición legal previa. Sostuvo que solo el Poder Legislativo está facultado para establecer cargas fiscales y que regular estos pagos evitaría discrecionalidad en el uso de recintos públicos.
A esa postura respondió Guadalupe Vargas, quien afirmó que los pagos por el uso de estos espacios no corresponden a la figura de un derecho en sentido estricto, sino a un arrendamiento sujeto a condiciones de mercado. Bajo esta interpretación, sostuvo que no es necesario incorporarlos en el apartado de derechos de la Ley de Ingresos.
Al final, la propuesta de Susana Riestra fue desechada por la mayoría del pleno. El apartado relativo al cobro de derechos en la Ley de Ingresos se avaló con 34 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, con lo que se ratificó la redacción enviada por el Ejecutivo.
