El Congreso local llevará a cabo dos consultas ciudadanas dirigidas a comunidades indígenas y personas con discapacidad sobre la Ley de Educación de Puebla, para atender la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la presidente de la mesa directiva, María del Carmen Cabrera Camacho.
En conferencia de medios, explicó que el máximo tribunal de justicia del país invalidó dos capítulos del ordenamiento denominados “de la educación indígena” y “de la educación inclusiva”, por no contar con el consentimiento de ambos grupos de la sociedad.
Aclaró que el resto de la ley quedó firme, por lo que el Poder Legislativo únicamente esperará la notificación del fallo para preparar ambos procedimientos.
“La resolución no ha llegado de manera directa al Congreso del estado, por lo que es importante esperar la resolución de la Corte para que la atienda el Congreso y a partir de esto se revise y se analice el contexto legal para dar cumplimiento”, expuso.
En el caso de la consulta indígena, anunció que la Comisión de Pueblos Indígenas del Poder Legislativo y el Instituto Poblano de los Pueblos indígenas del gobierno estatal trabajarán de manera coordinada para establecer las acciones a seguir.
Gabriel Biestro justifica la ausencia de consulta ciudadana
Gabriel Biestro Medinilla, quien fue presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso en el periodo que se discutió y aprobó la Ley de Educación de Puebla, explicó que no se efectuaron consultas porque el ordenamiento local únicamente aterrizó las disposiciones aprobadas en la ley general en materia de educación indígena y especial.
“Cuando es igual a una ley general se supone que ya está consultado su contenido, no sólo en Puebla sino en todo el país”, argumentó el diputado local con licencia de cargo que coordinó a la bancada de Morena.
De paso, criticó a los partidos de oposición por difundir la versión de que la suprema corte anuló toda la ley, efecto que ellos buscaron con diversos litigios que no prosperaron en el Poder Judicial.
El PRI y el PAN intentaron echar abajo la ley al acusar que buscaba expropiar a las instituciones de educación privada, así como someterlas a una sobrerregulación, situación que descartó un análisis del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), donde se concluyó que se apegó a las disposiciones federales.