El Poder Ejecutivo del estado de Puebla entregó la documentación de las cuentas públicas de 2016 y 2017 del panista Rafael Moreno Valle Rosas al Congreso local, para su análisis y revisión ante el posible desvío de recursos públicos.
La información se dio a conocer este miércoles durante la instalación de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual es presidida por el petista José Juan Espinosa Torres.
Espinosa Torres advirtió que de encontrarse irregularidades en el mal manejo del erario se procederá en contra de los servidores públicos involucrados, así haya fallecido Moreno Valle.
Informó que a las 14:32 minutos de este martes, la presidencia de la comisión en mención recibió el oficio número AST/00011-19/AECF, con la entrega de la documentación relacionada a las cuentas públicas del Poder Ejecutivo local.
Precisó que se trata de los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de octubre de 2016, y del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2016, así como también del 1 al 31 de enero de 2017.
En la reunión también estuvo presente el auditor David Villanueva Lomelí, así como los diputados integrantes de la comisión.
Al respecto, José Juan Espinosa informó que con la información recibida del Ejecutivo cualquier integrante de la Comisión podrá revisar los archivos de la gestión de Moreno Valle.
De encontrar irregularidades, aunque el panista haya fallecido, advirtió que se procederá contra funcionarios responsables, secretarios y demás servidores públicos involucrados.
En otro tema, los integrantes de la Comisión de Auditoría aprobaron un dictamen para solicitar información al auditor acerca de las causas y motivos por los que no aplicó alguna sanción en contra de Porfirio Loeza Aguilar.
Loeza Aguilar fue presidente municipal de Tlatlauquitepec y durante su gobierno causó un daño patrimonial de 13.3 millones de pesos, provenientes de ingresos propios y del Ramo 33.
Fue el diputado morenista Emilio Maurer quien solicitó una auditoría al gobierno municipal de Tlatlauquitepec, que deriva del ejercicio fiscal del1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en el que existe una omisión por incumplimiento en el procedimiento administrativo por daño patrimonial.
Lo anterior, debido a que se impuso una multa contra el ex alcalde por el monto 13 millones 354 mil pesos y la inhabilitación por el término de 11 años para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por las deficiencias administrativas que asciende a 6.5 millones de pesos.
En un análisis, concluyeron que hubo omisiones por parte de la Auditoría Superior del Estado, a quien le demandaron que remita un informe fundado y motivado sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento al decreto de la responsabilidad administrativa contra Porfirio Loaeza Aguilar.