El Congreso de Puebla aprobará esta tarde en comisiones la expedición de una nueva Ley de Transporte que crea un centro de capacitación e inspección, a través del cual el gobierno del estado implementará revisiones sistemáticas o visitas de inspección a vehículos, equipamiento e infraestructura, a fin de garantizar que los concesionarios y permisionarios de los servicios de transporte público, grúas y corralones operen dentro del marco de la ley.
Para impedir prácticas de corrupción por parte de los supervisores, la normativa propuesta ratifica lo que establece la ley vigente de que serán rotados con frecuencia, presentarán declaraciones patrimoniales y, además, tendrán que “aprobar cualquier prueba, estudio o examen de control de confianza que sea necesario para el adecuado ejercicio de sus atribuciones”.
El centro de capacitación e inspección estará a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), la cual podrá convenir con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, la coparticipación en las funciones de supervisión y vigilancia.
Para el cumplimiento de ley, se consideran autoridades auxiliares en el ámbito de su competencia, la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.
Cruzada contra la corrupción
La iniciativa de Ley de Transporte fue presentada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien encabeza una cruzada contra las prácticas de corrupción que envuelven la prestación de los servicios relacionados a la movilidad de las personas en Puebla.
Entre las acciones que ha emprendido la administración estatal destacó la remoción de Guillermo Aréchiga Santamaría como titular de la SMT el 11 de marzo pasado, por otorgar concesiones del transporte público en un periodo de veda que instruyó el titular del Poder Ejecutivo, a fin de regularizar el servicio.
Al cierre de la edición, las Comisiones Unidades de Gobernación y Transporte estaban a minutos de sesionar para aprobar el dictamen que se presentará al pleno en la sesión pública del próximo jueves, donde se espera que sea respaldado por la mayoría que integran las bancadas de Morena, el PT, el PVEM y Pacto Social de Integración (PSI).
La vigencia de las concesiones no podrá exceder los 20 años
La propuesta de ley mantiene la facultad que tiene la SMT de otorgar, modificar, transferir, extinguir, revocar y rescindir las concesiones, permisos, autorizaciones, convenios y contratos relacionados con los servicios de transporte público, así como el de arrastre, salvamento y depósito de vehículos.
Las concesiones y permisos que otorgue la secretaría señalarán con precisión su tiempo de vigencia, el cual será́ lo suficiente para amortizar el importe de las inversiones que deban hacerse para la prestación del servicio, sin que pueda exceder de veinte años.
Para la prestación del servicio de transporte público, mercantil y de carga, la dependencia, previo estudio y análisis, emitirá una declaratoria de necesidad, la cual deberá contener un balance entre la oferta y demanda del servicio materia de la concesión y permisos, así como los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de otorgar concesiones o permisos e incrementarlas.
Además, la dependencia tendrá atribuciones para modificar en todo tiempo las ubicaciones, modalidades, número de unidades, los itinerarios de las rutas y los sitios que operen o estén situados en las vías de competencia estatal. Asimismo, podrá autorizar y modificar horarios de operación y frecuencias de servicio, al igual que ordenar el cambio de bases, paraderos, estaciones y terminales.
Seguirá siendo obligatoria la revista vehicular y refrendo anual
La iniciativa de ley establece la obligatoriedad de la revista vehicular y refrendo anual para reducir la corrupción y el incumplimiento de las disposiciones jurídicas por parte de prestadores de servicio. A la par, permite el control del gobierno del estado en la implementación progresiva de los elementos de seguridad obligatorios en los vehículos.
También aumenta la regulación de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos para reducir la opacidad y discrecionalidad en la operación de dichos servicios, razón por la cual formaliza el tabulador de precios máximos al público.
En cuanto al servicio ejecutivo, que prestan empresas de redes de transportes, basándose en el desarrollo de tecnologías de dispositivos electrónicos, el proyecto de ley indica que éstas se encuentran obligadas a registrarse ante la SMT, así como a proporcionar de manera mensual el registro de sus conductores debidamente certificados, de los vehículos y el número de viajes que realicen.