El Congreso del estado abrió una investigación formal contra Amanda Gómez Nava, exauditora Superior del Estado, tras detectar la presunta adquisición irregular de un vehículo blindado por 2.89 millones de pesos y la compra por adjudicación directa de alimentos por 984 mil 471.12 pesos, durante su administración. La decisión fue informada este viernes por la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Legislativo local, que reportó la apertura de las pesquisas sobre estos hechos, derivadas de la revisión financiera realizada a la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante 2023.
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Según el dictamen presentado en sesión del órgano deliberativo, la investigación involucra a la exfuncionaria y al menos otras cuatro personas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva por la confidencialidad de la indagatoria. El informe detalla que la compra del vehículo blindado Chevrolet Tahoe, con nivel de protección III plus, se realizó el 18 de mayo de 2023 con la firma “SUMACORTEC, S.A. de C.V.”, mediante adjudicación directa, sin que se presentara el dictamen de excepción a la licitación pública, bitácoras de combustible ni documentación que acreditara al responsable del resguardo de la unidad. Por ello, la Comisión observó la falta de cumplimiento en el ejercicio de los recursos públicos.
La irregularidad fue denunciada formalmente ante la Unidad Técnica de ese órgano el 25 de julio de 2025, mientras que el vehículo permanece bajo resguardo del Congreso del Estado en espera de la conclusión de la indagatoria. Asimismo, la investigación abarca la contratación de un servicio de alimentos para el personal por 984 mil 471.12 pesos, correspondiente al periodo de la exauditora, con un contrato fechado el 16 de febrero y un convenio modificatorio del 14 de abril de 2023.
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En ese procedimiento, la Unidad Técnica constató la ausencia de dictamen de excepción a licitación, actas del comité de adquisiciones y la documentación necesaria para la inscripción del proveedor al padrón correspondiente. De acuerdo con el informe, la contratación debió realizarse bajo el esquema de invitación a cuando menos tres proveedores, y no mediante adjudicación directa. Norma Estela Pimentel Méndez, diputada por el PVEM, e integrante de la comisión afirmó que de confirmarse la gravedad de las irregularidades, podrían derivar en acciones penales o en la inhabilitación de los implicados.
