El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, apoyará al ayuntamiento de Puebla para rescindir el título de concesión a la empresa Concesiones Integrales, responsable de administrar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en la capital del estado.
Aseguró que el término de la privatización procede sin indemnizar a la compañía, debido a que ésta ha incumplido con los compromisos de inversión y mejora del servicio.
“Si hay una rescisión no tendría por qué haber una penalización”, sostuvo el también coordinador del grupo parlamentario de Morena, entrevistado por los medios de comunicación en el palacio legislativo.
Gabriel Biestro dijo que se encuentra a la espera de que la Secretaría General del ayuntamiento envíe el acuerdo tomado por el cabildo a favor de iniciar el proceso de cancelación, con el fin de que el Congreso defina la línea a seguir para respaldar la decisión de los regidores.
Concesiones Integrales, cuyo nombre comercial es Agua de Puebla, es responsable del servicio hídrico en el municipio de Puebla desde 2014, tras participar en una licitación poco clara que tuvo a su cargo el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla en 2013.
Biestro propuso nueva ley sin fin de lucro
Biestro buscó echar abajo la concesión desde el 26 de septiembre de 2018, fecha en la que propuso al Congreso abrogar la Ley del Agua del estado que permitió la privatización, para elaborar una nueva normativa que prohíba el lucro en la prestación del servicio.
Argumentó que el fin de lucro es contrario al artículo 4 de la Constitución del país, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
El líder de la bancada de Morena denunció en tribuna ese 26 de septiembre que la presencia de Agua de Puebla sólo ha encarecido los recibos de los usuarios durante más de cinco años.
Asimismo, convocó a los ciudadanos a participar en el análisis, estudio y elaboración de la nueva ley, con el objetivo de garantizar que el servicio hídrico sea público, universal, permanente y salubre.
La propuesta de Biestro se turnó a la Comisión de Medio Ambiente para que fuera dictaminado y el Congreso emitiera un exhorto en ese sentido, pero el planteamiento no ha sido revisado hasta la fecha por los integrantes de ese órgano legislativo.