La decisión del Congreso del estado de Puebla de instaurar dos consejos consultivos –uno denominado académico ciudadano y otro abiertamente empresarial– para revisar y opinar sobre las iniciativas legislativas, confirma una preocupante deriva conservadora en una legislatura que se presenta a sí misma como emanada de la izquierda. La mayoría de Morena, que se reivindica heredera de causas populares, ha optado por reproducir el viejo modelo panista según el cual la iniciativa privada es el depositario exclusivo de la racionalidad pública y el interlocutor privilegiado del poder político.
El presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, informó que el consejo empresarial estará integrado por representantes de cámaras y corporaciones privadas, sin detallar los perfiles ni explicar por qué este sector merece un asiento institucionalizado para influir en el proceso legislativo. Aunque se insiste en que sus opiniones no serán vinculantes, la sola conformación de ese órgano revela la concepción restringida y vertical de “participación ciudadana” que orienta a la mayoría parlamentaria.
Como lo señaló la exdiputada Socorro Quezada Tiempo, esta arquitectura institucional corresponde a un congreso de derecha, no a uno que se reclama de izquierda. La crítica no es menor: lejos de ampliar la deliberación pública, la Legislatura reconoce como voz autorizada de “la sociedad” únicamente a los empresarios, dejando fuera a los múltiples sectores que integran el espacio público –académicos, profesionistas, organizaciones comunitarias, sindicalistas, activistas, trabajadores y ciudadanos de a pie– cuya experiencia tendría que ser central en un auténtico ejercicio de parlamento abierto.
Las advertencias no solo provienen de la izquierda histórica. La diputada priista Delfina Pozos Vergara denunció la opacidad del proceso, la imposición de perfiles afines al bloque mayoritario y la ausencia de tiempo real para proponer candidaturas, lo que convierte la integración de estos consejos en una simulación más que en un mecanismo democrático.
Mientras el Congreso presume inclusión y transparencia, reproduce mecanismos excluyentes que subordinan el interés público a la mirada empresarial. Si la mayoría legislativa no reconsidera este rumbo, habrá renunciado a representar la pluralidad social para asumir, sin disimulo, los métodos y prioridades de los grupos de poder económico.
