El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador de la bancada de los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, aseguró que los 10 decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto el 5 de junio abren la puerta para los conflictos sociales de muy alta gravedad, ya que permite el uso del agua del país en exclusiva para empresas mineras e hidroeléctricas.
En una conferencia de prensa el senador presentó un documento de 10 puntos para oponerse a los decretos del titular del Poder Ejecutivo, por los cuales “se beneficia a los privilegiados del sistema en detrimento de los más pobres y excluidos”.
“La supresión de las vedas se realiza al final del mandato de Enrique Peña Nieto, pero es una supresión que trasciende este sexenio y tendrá impactos económicos y sociales en los próximos gobiernos, tanto a nivel federal como estatal. Se trata de un doble albazo: político y jurídico”, señaló.
Agregó que “Andrés Manuel López Obrador ya anunció el día de ayer (el martes) en Tepic que dichos decretos serán revocados cuando el sea presidente porque son ‘madruguetes jurídicos’ inaceptables por su opacidad y ausencia de legitimidad política”.
El también constitucionalista de izquierda señaló que “jurídicamente los decretos al no estar fundados y motivados exhaustivamente no dejan en claro cuál es el propósito. Nosotros entendemos que es para beneficiar a las empresas trasnacionales que explotan el agua”.
En seguida señaló que “los decretos jurídicamente presentan muchas deficiencias:
“a) A nivel constitucional no se fundamentan en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución que reconoce el derecho humano al agua y prohíbe la mercantilización de esos recursos;
“b) A nivel constitucional tampoco se fundamentan en el artículo 2 de la Constitución apartado A fracción VI que reconoce el derecho prioritario de los pueblos originarios al uso y disfrute de los recursos naturales que conforman su hábitat.
“c) No se fundamentan en el Convenio 169 de la OIT. No se realizó una consulta a los pueblos originarios de manera previa, libre e informada.
“d) No se toma en consideración la Observación General número 15 de la ONU sobre el derecho humano al agua ni los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esas normas obligan a que las políticas públicas del agua se realicen bajo los principios de no discriminación y de participación popular”.
Agregó que “el decreto no expone estudios de académicos ni de técnicos independientes, tanto del gobierno como de las trasnacionales del agua”.
Indicó que la eliminación de las vedas es para extender la lógica de las concesiones, sobre todo a favor de las trasnacionales del agua.
“Si se mantienen estos decretos estamos al inicio de serios conflictos sociales por el agua”, aseveró Manuel Bartlett Díaz.
Agregó que los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no se renovaron a tiempo. En este momento hay 50 mil concesiones caducadas, principalmente de los pueblos originarios, ejidatarios y comuneros.
“Son decretos neoliberales para beneficiar a los privilegiados del sistema en detrimento de los más pobres y excluidos”, apuntó.
Y añadió: “Por eso le debemos exigir a Peña Nieto la revocación de todos los decretos en esta materia, y demandar la destitución de Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, por su irresponsabilidad manifiesta y violación del interés general”.
No hay privatización: Conagua
La Jornada dio a conocer ayer que Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), calificó como mentiras fundamentadas en un interés de carácter político–electoral, las críticas a los 10 decretos sobre reserva de aguas emitidos por el gobierno federal, y a menos de dos semanas de los comicios aseguró que ya saben quién es el que está llevando a cabo este tipo de ataques.
En conferencia de prensa, el funcionario federal habló del supuesto origen de los ataques falsos, pero descartó ahondar en el asunto, debido a que podría incurrir en un delito electoral.
Me parece que está muy claro el objetivo, me parece que todos ustedes ya saben quién es el que está llevando a cabo este tipo de ataques, precisamente con el ánimo de desviar la atención para el tema electoral y obtener un beneficio de esta naturaleza, y no para lo que realmente buscamos a través de la elaboración de estos decretos, que es cuidar el agua para el futuro.
Remarcó que el tópico del agua no es un tema electoral ni político, es técnico, y por ello aseguró que le da mucha tristeza tener que salir a conferencia de prensa para difundir lo que es un tema técnico que busca garantizar agua para los mexicanos.
Dijo que en esta época comicial son una moda los ataques, y remarcó que lo realizado por el gobierno con estos decretos es lo opuesto a lo que se ha difundido en diversos medios y redes respecto a una privatización del líquido.
Subrayó que el agua sigue siendo de carácter nacional, los decretos que quitan una veda no cambian la naturaleza de nuestra ley (de aguas) ni cambian la Constitución ni la administración por parte del gobierno en cuanto al agua.
Agrupaciones civiles han criticado los decretos, advirtiendo que se concesionaría a empresas privadas el líquido de cerca de 300 cuencas. Lo cual abriría la puerta a que hubiera concesiones a la industria minera y para fracking (fractura hidráulica para obtención de petróleo).
El funcionario remarcó en diversas ocasiones que eso es mentira y aseguró que en la actual administración no se otorgará ningún permiso para fracking.
Detalló que la reserva de agua es para el abastecimiento de la población, el uso público urbano y doméstico y para la protección ecológica, pero también para incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones.
Insistió en que la reserva de agua en ningún momento significa que el volumen de agua se libera y se concesionará al mejor postor, y destacó que en los estudios técnicos justificativos de los decretos de agua tuvieron la colaboración y asesoría de World Wildlife Fund.
Precisó que ellos fueron quienes nos aconsejaron de cómo llevar a cabo estas reservas de agua; es decir, qué porcentaje es el que hay que más o menos reservar, de acuerdo con la experiencia internacional.
Expuso que el procedimiento para los decretos “no inició el 5 de junio de 2018, como falsamente se ha dicho; el 7 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la disponibilidad del agua en todo el país” y en 2017 se publicó en la página de Internet de la Cofemer (Comisión Federal de Mejora Regulatoria) el decreto correspondiente de reservas de agua, el cual cuenta con el aval de los consejos de cuenca.