Tres conflictos sociales que involucran a productores rurales, ejidatarios y campesinos se han dejado sentir en la entidad, sin que hasta la fecha las instituciones públicas del sector rural y agroalimentario hayan mediado con la finalidad de coadyuvar a encontrar una solución en beneficio de aquellos donde la sobrevivencia está en juego frente a las millonarias ganancias empresariales.
Uno de estos casos es el de Heineken México y los productores de cebada de nueve estados, por el precio de la tonelada del producto, que mantienen un plantón frente a la maltera del municipio de Rafael Lara Grajales, además de cerrar la planta de Palma Gorda, en Hidalgo, buscando que se respete el precio de 8 mil 860 pesos por tonelada pactado frente a los 7 mil 430 pesos que ofrece la trasnacional. En este caso, la demanda central es que se fije un precio justo, para las 310 mil toneladas de cebada que faltan por comercializar.
El segundo conflicto se deriva del adeudo de más de 20 millones de pesos correspondientes a la molienda que concluyó a inicios de este año que el Ingenio de Calipan tiene con los cañeros de la región de Coxcatlán y de otros municipios, que hoy se manifestarán frente a Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo a fin de cobrar el citado pendiente. A esta movilización se unirán trabajadores de la empresa a los que se les deben alrededor de 25 millones, según lo anunció Eduardo Armas Zacateco, presidente del Comisariado Ejidal San Juan Bautista, de Coxcatlán.
Por último, la expresión de ejidatarios y pequeños propietarios campesinos de Puebla y Tlaxcala que se manifestaron ayer fuera de Palacio Nacional para pedir al Ejecutivo federal, una auditoría a la Conagua por las concesiones de agua otorgadas en la Cuenca Libres–Oriental y denunciaron que en más de tres décadas el agua de la misma ha estado prohibida para los campesinos pobres de los 32 municipios de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, que comprende la región, bajo el argumento de que la cuenca esta sobreexplotada y en veda; en tanto, la Conagua ha otorgado concesiones “gigantescas” de agua a empresas extranjeras y terratenientes agroindustriales lo que es una enorme injusticia.
Hasta el momento la respuesta que conocemos en Puebla son las amenazas y las denuncias judiciales de las empresas contra líderes y miembros de las organizaciones, aunque sigue pendiente la justicia para los jóvenes asesinados y los heridos de la comunidad de Totalco, municipio de Perote, Veracruz, a manos de la Fuerza Civil de esa entidad. Por ello resultaría pertinente que las instituciones del sector rural y ambiental participaran en la mediación en beneficio de los productores campesinos a los cuales deberían representar.