El secretario de Gobernación del estado (Segob), Javier Aquino Limón, confirmó este miercoles la detención de Roberto Medina Torres, esposo de la jueza Blanca Laura Oliver Palacios, acusado del delito de acoso sexual en contra de la abogada Paloma Corte.
En entrevista, el funcionario estatal dijo que se trata de un caso especial, por el lugar donde se dieron los hechos, en Ciudad Judicial.
“Desde ese mismo momento que se dio el hecho, la policía estatal pudo detener al señalado. Ya hay acción de la justicia contra esta persona”, declaró.
Aquino Limón dijo que el caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), y desde este martes se está dando seguimiento de un proceso legal.
“Con la mención que hizo la presidenta hoy en la mañanera, se hizo visible el asunto, pero por este caso en específico, por el lugar donde se dio el hecho, quedó detenido en el momento”, recalcó.
El titular de la Segob expuso que se está haciendo la investigación y si hay las características para que pueda ser clasificado, se le aplicará la Ley Olimpia, como sugirió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al respecto, informó que tuvo comunicación con el fiscal Gilberto Higuera Bernal, quien le dijo que está en desarrollo las indagatorias.
En tanto, agregó que la secretaria de Igualdad Sustantiva, Melva Navarro, la anoche de este martes mantuvo comunicación con la abogada Paloma Corte para darle acompañamiento.
Por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se aplique “Ley Olimpia” al esposo de una jueza del Poder Judicial de Puebla que grabó con su celular debajo de la falda de una abogada en Ciudad Judicial.
Desde Palacio Nacional, afirmó que se trata de un acoso sexual y puede aplicarse la Ley Olimpia, si es que está aprobada en Puebla, por el uso de imágenes íntimas o de otro tipo, como parte de la agresión a las mujeres.
Los hechos se registraron el pasado 11 de noviembre, cuando la abogada Paloma Corte fue acosada sexualmente por Roberto Medina Torres, quien resultó ser esposo de la jueza Blanca Laura Oliver Palacios.
Al intervenir la policía estatal, en la revisión, el móvil contenía un amplio archivo de videos, donde incluso aparecían menores de edad que fueron grabadas sin su consentimiento.
La abogada denunció que la Fiscalía General del estado la revictimizó al ponerla en una habitación por ocho horas, con el mismo agresor que se encontraba a una corta distancia, y dijo que hasta el momento no hay avances ni respuesta de la autoridad.
Ante lo expuesto, pidió la intervención del gobierno federal para que su caso no quede impune y se llegue hasta las últimas consecuencias.