Una condena de dos años y dos meses en prisión, y la reparación del daño por 200 mil pesos a una víctima, impuso el Poder Judicial en contra de José Luis Ayala Corona, quien se desempeñó como magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, entre 2011 y 2017.
Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de un comunicado difundido este jueves, en el que recordó que la indagatoria en contra del exfuncionario se inició tras una denuncia presentada en su contra, en 2019, por el supuesto delito de soborno.
Fue el tres de septiembre de ese año, cuando la apoderada legal de ex trabajadores del gobierno del estado, denunció que del año 2011 al 2017, Ayala Corona solicitaba 100 mil pesos por cada expediente para ejecutar o bloquear el pago que les correspondía a los promoventes de los juicios.
“Con datos de prueba sustentados, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción obtuvo de la autoridad judicial sentencia condenatoria contra José Luis N., a quien impuso dos años dos meses de prisión y la reparación del daño por 200 mil pesos a favor de la víctima”, indicó la FGR.
Según la acusación que forma parte del expediente 465/2019/FECC, el ahora sentenciado sobornaba a los usuarios para destrabar sus casos y no hiciera retenciones de impuestos, pero ante una primera solicitud, la abogada se negó a pagar el soborno y, cuando uno de sus clientes acudió a la Secretaría de Finanzas, se encontró con que, efectivamente, le había sido retenida una cantidad.
De acuerdo con la denunciante, Ayala le habría indicado que el pago de sobornos era una práctica común en el tribunal, además de que él tenía que aprovechar el cargo, pues seguro sería removido del mismo con el cambio de administración estatal, en agosto de 2019.
Una vez hechas esas advertencias, la litigante accedió a cubrir que le era solicitada, una vez que algunos de sus clientes acudieron a la Secretaría de Finanzas y pudieron cobrar sus cheques sin retenciones.
Para cumplir con el pago, a la abogada le fueron proporcionados números de cuentas bancarias a nombre de María Silvia Vega Ramírez y Raquel Cortés Vega, esta última se desempeñaba como secretaria General del Tribunal.
Pese a los pagos realizados, algunos de estos en efectivo, Ayala continuó hostigando a la litigante vía telefónica para solicitar más dinero, pero los señalamientos subieron de tono hasta que éste la amenazó de muerte.
La denuncia fue respaldad por empleados del tribunal, quienes señalaron que los sobornos eran una práctica común del ahora ex presidente del organismo, incluso, también incurría en acoso sexual.