Domingo, diciembre 8, 2024

Antes de que se le revoque la concesión, Agua de Puebla debe devolver a usuarios el cobro del saneamiento que no da, demandan activistas

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Antes de que se le revoque la concesión del agua a Concesiones Integrales, la empresa debe pagar sus deudas con los usuarios por cobrar por un saneamiento que no hace, subrayó René Sánchez Galindo, promotor de denuncias colectivas.

Respecto al argumento de las demandas, el exsecretario de Gobernación municipal en compañía de otros activistas expuso que recientemente la justicia federal le dio la razón a los demandantes en la segunda apelación para reconocerlos como una acción colectiva, en su intención de que la empresa les regrese el cobro por concepto de saneamiento.

Kori Esquinca, abogada especializada en temas de derecho al agua, sostuvo que la empresa no debería reclamar indemnización por la revocación de su contrato, puesto que no ha cumplido con lo que se comprometió en el contrato como el saneamiento, renovación de la infraestructura, así como el abasto.

Al respecto, sostuvo que no existe justificación para cortar el servicio o provocar desabasto en al menos 10 colonias en la ciudad, debido a que en época de estiaje puede escasear el agua durante algunos días pero no un mes como sucede en el fraccionamiento Los Héroes, donde la gente carece de la posibilidad de almacenar el líquido por falta de tambos y de cisternas.

Denunció que los poblanos pagan por el agua que desperdicia la firma debido a que no renueva su infraestructura para evitar fugas, las cuales son constantes en diferentes zonas de la ciudad.

En otro tema, este y otros activistas denunciaron que la empresa Concesiones Integrales usa a los abogados del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) para defenderse de las 43 demandas colectivas que se han presentado en contra del cobro de un servicio que no brinda como es el de saneamiento.

Sánchez Galindo sostuvo que es ilegal usar recursos públicos para proteger a un privado, además de que, tras el anuncio de la municipalización del servicio por parte del gobierno del estado, el organismo debería de conducirse en una lógica diferente y no solapar las omisiones de la empresa.

Por su parte Néstor López Espinosa, defensor de Derechos Humanos, expuso que en el proceso judicial relacionado con las 43 demandas colectivas, Concesiones Integrales sólo ha presentado un alegato a través de sus abogados, ya que el resto de las acciones jurídicas las han promovido los litigantes del SOAPAP, a pesar de que los ciudadanos no emplazan al organismo sino a la firma.

Los activistas coincidieron en señalar que carece de sustento el argumento por parte del edil capitalino, Eduardo Rivera Pérez, en el sentido de que no sería sustentable manejar el servicio de agua, puesto que la administración de este derecho humano genera ingresos siempre y cuando sea bien manejando.

Asimismo, Sánchez Galindo subrayó que según la Ley de Coordinación Fiscal, el presupuesto de los ayuntamientos, incluido el de Puebla capital se determina con base en la recaudación del Impuesto Predial y de los ingresos por cobro de agua potable.

Por esta razón, cuestionó que instancias como el gobierno del estado, las tesorerías de los ayuntamientos de Puebla y la zona conurbada no digan nada respecto a los ingresos de la concesionaria.

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