La empresa Concesiones Integrales surtió con agua contaminada y lodosa a más de 70 mil habitantes de 10 colonias en la ciudad de Puebla durante 2024, según denunciaron los afectados a través de protestas públicas.
La demarcación con el mayor número de habitantes afectada por esta condición del agua fue San Ramón, en cuyas cuatro secciones viven más de 13 mil 500 personas aproximadamente; seguida de Jardines de San Manuel, una de las de mayor tradición en el municipio con 10 mil 300 vecinos afectados.
Una cantidad similar de personas habita en la unidad habitacional La Guadalupana, ubicada en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan; seguida de San José Los Cerritos con 7 mil 700 usuarios afectados, aproximadamente.
En Playas del Sur reportaron mala calidad del agua 6 mil 800 personas; mientras que en Arboledas de Loma Bella fueron 6 mil 440 las personas con estas anomalías; 5 mil en Valle del Paraíso y Ampliación Valle del Paraíso.
Lo mismo le ocurrió a 5 mil personas que habitan en la colonia Patrimonio, así como a 2 mil en Mayorazgo al poniente de la ciudad.
Manuel Bravo Bruno, vocero de la organización Todos Unidos contra la Privatización del Agua en Puebla (TUCOP), afirmó que la pésima calidad se debe a la falta de mantenimiento de las tuberías por parte de la empresa.
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El caso más reciente de estas colonias ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando vecinos de la colonia Mayorazgo, ubicada al sur de la ciudad de Puebla, protestaron el miércoles por la tarde en contra de Concesiones Integrales, debido a que suman 28 días sin el servicio de agua potable, lo que afecta a más de 2 mil habitantes.
Ese día, los afectados increparon a representantes de la empresa en una junta vecinal, a quienes expresaron su hartazgo por carecer del servicio pese a que pagan puntualmente sus recibos e incluso ya hicieron el pago anticipado.
La molestia de la gente fue tal que amagaron con bloquear la circulación vial en la Avenida 11 Sur, a la altura de la colonia si no tenían una solución pronta por parte de la empresa.
En octubre pasado, vecinos de la colonia Patrimonio denunciaron que ante la omisión de Concesiones Integrales de darle mantenimiento a la red, el agua cae en su grifo lodosa, lo que afecta sus tuberías, cisternas y no les sirve para el consumo diario, lo que provoca daño a 5 mil habitantes.
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La Colectiva por el Bienestar Social subió un video a sus redes sociales en el que se observa la pésima calidad del agua que cayó hace unos días en los grifos de varios vecinos.
En el video se escucha la voz de uno de los afectados, quien afirma que no es la primera vez que reciben líquido sucio y lodoso por parte de la empresa que cada mes les cobra por un servicio que incumple con las condiciones necesarias para salvaguardar su salud.
A finales de octubre, la diputada del PRI Delfina Pozos Vergara denunció que la empresa Concesiones Integrales -también conocida como Agua de Puebla— suministra en diversas zonas de la capital del estado agua visiblemente contaminada.
Señaló que le han llegado reportes en ese sentido de la unidad habitacional La Guadalupana y San Ramón, así como de las colonias San José los Cerritos, Arboledas, Playas del Sur y San Manuel.
“Es agua de mala calidad que no tiene presión para subir porque está sucia”, explicó la legisladora en rueda de prensa, donde señaló que a esa problemática se le suma la escasez del suministro.
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En tanto, el 8 de agosto, La Jornada de Oriente publicó que a pesar de que por ley cuenta con un plazo de ocho días hábiles para responder a quejas y requerimientos de ciudadanos, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) tardó casi tres meses en responder a una queja presentada por 38 habitantes de las colonias Valle del Paraíso y Ampliación Valle del Paraíso por escasez y mala calidad del agua, denunció Arely Castillo, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA) y vecina de las demarcaciones.
La activista subrayó que a mediados de mayo de este año presentó un escrito firmado por 38 vecinos en el que se inconformaron por la escasez que afecta a ambas demarcaciones desde hace cinco años.
Expuso que el artículo 138 de la Constitución Política del estado establece que “la autoridad ante quien ejerza el derecho de petición dictará proveído por escrito y lo hará saber al peticionario dentro del término de ocho días hábiles”, de lo que se desprende que en ese plazo le debieron responder a los peticionarios.
Sin embargo, a decir de Castillo el escrito de respuesta llegó hasta el pasado 29 de julio, casi tres meses después de la queja.
