De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad del agua en Puebla es una de las más contaminadas en México, mientras que la empresa Concesiones Integrales SA de CV –a cargo de la administración del servicio- es la segunda peor evaluada en el país por las carencias en el suministro del líquido a la población.
Así lo denunció el abogado Omar Jiménez Castro, defensor de ciudadanos que han presentado juicios de amparo ante la empresa por el corte del suministro agua y uso de la red drenaje, ambos servicios privatizados en Puebla.
En entrevista, el también integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), que forma parte de la red nacional “Agua para Todos”, dijo que uno de los puntos más serios de reclamos contra la empresa es la desconexión del servicio, medidas que utiliza para tener la seguridad de que obtendrán ganancias.
Esta situación, informó, ha propiciado un reclamo generalizado de la sociedad por contar no solo con agua de calidad, sino además por acabar con las tarifas excesivas y la suspensión del servicio de agua y drenaje.
La falta del agua en la tubería, dijo, obligó a Concesiones Integrales a enviar en esta semana pipas de agua a colonias populares donde llevan semanas sin el servicio.
Por otro lado, reprobó que en pleno proceso electoral el gobierno del estado anunció conjuntamente con la empresa privatizadora la puesta marcha de una planta tratadora de aguas negras, sin informar en dónde se ubica y en qué términos funciona.
“La empresa está muy desesperada, se ve claramente porque está por irse o tendremos los ciudadanos que sacarla de Puebla”, advirtió.
El litigante sostuvo que hay dos formas de tirar la privatización del agua en la capital, la primera es por la vía legal, debido a los múltiples abusos cometidos en contra de la población, además porque violentó el derecho humano de acceso al líquido; mientras que la segunda es por medio del Congreso del estado que abrogue la reforma a la Ley de Aguas del Estado.
“Si no hay voluntad de los diputados, entonces recurriremos a la defensa jurídica y a las movilizaciones sociales”, refirió.
Jiménez Castro destacó que el proceso de privatización del agua y drenaje en Puebla se hizo a espaldas de la población, ya que en septiembre de 2013 se aprobó que la legislación incluyera la figura de concesión en el servicio de agua potable, la cual no existía.
En su momento, recordó que ni siquiera estaba en el orden del día del Congreso local. “Cuando preguntamos negaron que se fuera a dar. Pero votaron en favor todos los partidos’’, señaló.
Expuso que la privatización del agua fue una propuesta del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y cuando comenzó el ‘‘proceso de la licitación, se pidió información, pero nadie la dio”.
Al final, dijo que el contrato entre las autoridades y la empresa se encuentra reservada por siete años; y el pacto solo lo conocen los panistas Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad, actual gobernador de Puebla; el diputado federal Luis Maldonado Venegas; así como Julio Lorenzini, quien hoy busca la alcaldía de San Pedro Cholula.
50% de los 500 mil usuarios son morosos
El integrante de la ASA refirió que la tarifa más baja al mes que cobra en Puebla es de 170 pesos por un consumo básico de 20 metros cúbicos, un promedio de 2 mil litros; sin embargo, ha llevado casos donde los recibos llegan hasta los 100 mil pesos, por el consumo de un año, un promedio de 8 mil 500 pesos por mes.
Esto no cubre la cantidad mínima de agua que establece la Organización Mundial de Salud, ya que ésta define un consumo mínimo diario de 50 litros. Una familia de cuatro personas requeriría 6 mil litros al mes para cubrir con este indicador.
Además, dijo que colonias que eran populares o unidades habitacionales fueron reclasificadas sin criterios claros como zonas residenciales sujetas a altas tarifas.
En la Asamblea Social del Agua se han congregado decenas de personas que han buscado ampararse ante los altos costos del servicio; el argumento que presentan en estos procesos es que el agua es un derecho humano consagrado en al Artículo Cuarto de la Constitución.
Al final, la ASA consideró que alrededor de 50 por ciento de los cerca de 500 mil usuarios son morosos, debido a que el proceso de privatización de los servicios de agua es un fracaso, tanto a escala nacional como internacional.
No solo ha propiciado el incremento de las tarifas del servicio para la población, sino que además hay poca transparencia y existen casos en que las deficiencias son tan grandes que han vuelto a remunicipalizar su administración.
En México, los servicios de distribución del agua potable están privatizados en las ciudades de Puebla, Saltillo y Cancún.
En el puerto de Veracruz está en proceso, mientras que en el mundo hay 235 ciudades que a fines de la década de los 90 cedieron al sector privado el servicio y ahora lo han recuperado.
Con las privatizaciones no hay beneficios para los usuarios. Las ganancias se privatizan, las empresas siguen el mismo patrón en todo el mundo: mal servicio, alza de tarifas y falta de inversión.