En los 10 años que Concesiones Integrales ha tenido el control del suministro de agua potable en la ciudad de Puebla y la zona conurbada arrastra “pasivos ambientales” que asciende a más de 10 mil millones de pesos por su negligencia a sanear las aguas residuales, así como por echar a perder infraestructura como las cuatro macroplantas tratadoras, biodigestores y una ablandadora de líquidos duros, subrayó Pablo Loreto López, integrante de la Colectiva por el Bienestar Social.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el ingeniero ambiental, sostuvo que ante dicho adeudo, el gobierno del estado no tendría que pagarle nada a la concesionaria en caso de que decidiera echar abajo la concesión.
Indicó que el mayor adeudo que carga la empresa -con los usuarios- es de 5 mil millones de pesos, aproximadamente, relacionado con el cobro “fraudulento” por el saneamiento, mismo que no da.
Subrayó que la falta de operación o funcionamiento al mínimo de cuatro macroplantas tratadoras representan pasivos por 2 mil millones de pesos, cantidad similar a la que equivale la ausente inversión para cumplir con la norma oficial, condiciones particulares de descarga y las declaratorias del río Atoyac y del Alseseca.
Otro pasivo ambiental lo representa la reconstrucción y reactivación de los biodigestores de lodos contaminados, el cual asciende a más de mil millones de pesos.
En tanto, la firma también echó a perder una planta ablandadora de aguas duras, lo que generó un pasivo de 500 millones de pesos, tecnología que la empresa vendió como chatarra.
La suma aproximada de estos pasivos es de 10 mil 500 millones de pesos, por lo que en su opinión, no se le debe de pagar nada a la empresa si se desprivatiza el servicio.
Expuso que para acabar con esos problemas es necesario que el Congreso del Estado exija que se exhiban las supuestas inversiones que la empresa ha realizado en los 10 años y cuáles son los resultados obtenidos.
“En materia de saneamiento del agua está muy claro que no hay ningún avance. Concesiones Integrales se comprometió a realizarlo dentro de los primeros cinco años y después le permitieron que lo hiciera en 10 años. El SOAPAP no es autoridad federal para decir tienes permiso a contaminar 10 años, eso no se vale”, acotó.
El pasado 20 de agosto, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, afirmó revertir las concesiones de la privatización del agua a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, así como el Museo Internacional Barroco (MIB) costaría al erario un total de 22 mil millones de pesos.
En entrevista, el morenista dijo que no ofrecerá una postura legal sobre la renegociación de ambas deudas, tras argumentar que esta la realizará después de la reforma al Poder Judicial, de lo contrario advirtió que toda revisión a las concesiones podría ir en contra del estado.
Precisó que revocar el título de concesión a Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla -como comercialmente se le conoce- costaría 8 mil millones de pesos al gobierno del Estado, tres veces más de lo que dio la empresa por la privatización; además, del pago de una sanción.
Durante la campaña, Alejandro Armenta prometió en varias ocasiones la revisión del contrato para poner fin a la privatización del servicio de agua, drenaje y saneamiento en Puebla, que se encuentra en manos de particulares.
