Los Pueblos Unidos Cholultecas y del Izta-Popo -que agremia a 20 comunidades de la región- acusaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) utiliza un doble discurso en torno al origen del socavón, mientras solapa la extracción del recurso hídrico, por otro lado se deslinda de la sobreexplotación causada por la industria.
Al cierre de esta edición, los pueblos convocaron a una asamblea en carácter de urgente para tratar entre otros temas el caso del socavón.
Acordaron exigir al ayuntamiento de Juan C Bonilla, que preside José Cinto Bernal, que convoque antes de concluir los primeros 100 días de gobierno a un cabildo abierto donde para aprobar la prohibición de la extracción de agua para la industria.
Asimismo, convinieron que se impidan las descargas de aguas residuales e industriales, que no son tratadas, a los ríos, manantiales y barriales de la región.
“No es correcta la postura que asumió la Conagua de ocultar la información, porque también son omisos al deslindarse del socavón que surgió en Zacatepec; están utilizando un ‘doble discurso’”, señalaron.
Los pobladores cuestionaron que hay mucha desinformación sobre el origen de la oquedad, la cual no es de los lugareños, sino difundido por los propios gobiernos.
Esta casa editorial reveló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reservó por cinco años los estudios técnicos sobre el origen del socavón en la zona de Santa María Zacatepec, con el argumento de que “los análisis están en proceso y existe un riesgo de daño al divulgar conclusiones anticipadas”.
La Jornada de Oriente solicitó vía transparencia el “Estudio Técnico sobre las Condiciones Geohidrológicas en la zona del socavón elaborado por la Dirección General del Organismo de Cuenca Balsas”, el cual se atribuye el hundimiento de la tierra a “causas naturales de disolución de rocas” o “movimientos geológicos” y deslinda la oquedad a la sobreexplotación de industrias del agua subterráneas en la zona.
Adelantaron que el próximo 9 de noviembre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizará un peritaje antropológico para determinar si la comunidad de Santa María Zacatepec, donde se encuentra el socavón, es un pueblo indígena.
De lograr este propósito, dijeron que buscaran realizar una consulta para determinar si las próximas elecciones se llevan a cabo por usos y costumbres, con el objetivo de declarar el autogobierno y proteger los recursos hídricos.
“Somos un pueblo en resistencia con vara de mando, dividido en cuatro barrios y sus mayordomías, con formas de gobierno particular y nuestros derechos deben ser reconocidos”, argumentaron.
Por su parte, el presidente del Comisariado Ejidal de Zacatepec, Luis Aguas, afirmó que el núcleo ejidal decretó desde junio pasado no autorizar la construcción de fábricas, la perforación de pozos profundos ni el cambio de uso de suelo que legalice la transformación de las tierras de agrícolas para la industria.
Antes de la llega de la industria, en 1973, recordó que tan solo en Juan C Bonilla habían más de 30 ameyales y dos lagunas que “daban vida” a toda la población.
La investigadora por la UNAM y estudiosa del tema, Eloísa Guerra Hernández, alertó en junio pasado que, en el último lustro, el caudal de las corrientes superficiales, en ríos y arroyos, de la región del Izta-Popo disminuyó en 40 por ciento, y de no ponerle un freno a las embotelladoras y a la deforestación de los bosques en la zona de los volcanes el recurso hídrico se extinguirá para el año 2040.
En una entrevista que concedió a La Jornada de Oriente exhortó a las autoridades para que trabajen coordinadamente con las comunidades, los académicos y las instituciones responsables de la conservación ecológica, pues dijo estamos a tiempo de frenar esta catástrofe.
México es el país que consume más agua embotellada en el mundo, situación que se agravó con la emergencia sanitaria por Covid-19.
Mientras en Puebla, tres empresas trasnacionales: la francesa Bonafont, del Grupo Danone, la suiza Nestlé Water y la estadounidense Keurig Dr. Pepper, antes Peñafiel, explotan los manantiales de poblaciones pobres y vulnerables, bajo la promesa de llevar desarrollo a sus comunidades.
La planta de Bonafont en Zacatepec derivó en conflicto social, con la toma desde marzo pasado de las instalaciones de la embotelladora, hoy en poder de los pueblos de la región.