El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez, aseguró que detrás de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo que impulsa Morena para regular al Congreso de Puebla se encuentra la intención de excluir a los diputados de oposición de las presidencias de las comisiones generales, donde se dictamen los proyectos parlamentarios.
Consideró que la maniobra se realizará con la fusión de comisiones, así como con las sanciones disciplinarias que propone la bancada de ese partido de izquierda para los diputados.
En tanto, el líder de los diputados del PT y aliado legislativo de Morena, Valentín Medel Hernández, negó que exista un intento de reducir la participación de la oposición en el Congreso, por lo que garantizó que se respetarán las presidencias de comisiones que tiene esa corriente, incluida la Comisión de Seguridad Pública que encabeza Morales Álvarez.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, presentó la iniciativa de Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la que se abrogará la hoy vigente, para reducir de 34 a 22 las comisiones generales, bajo el argumento de que existe “duplicidad de funciones”; así como desaparecer los cinco comités existentes a efecto de suprimir las responsabilidades administrativas en manos de legisladores.
Existe una persecución política contra la oposición: Morales
“A muchos nos trataran de quitar la oportunidad de presidir una comisión”, vaticinó Carlos Alberto Morales, quien dijo que se ha emprendido una persecución política contra los diputados críticos desde la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano que forma parte del Poder Legislativo.
Refirió una publicación de la ASE en redes sociales del 30 de octubre pasado, en la que se informó la presentación de una denuncia en su contra antes de que fuera notificado de la misma, por su gestión como alcalde de Huejotzingo, previa a su toma de protesta como diputado.
Negó el delito que le imputó la actual edil de ese municipio, Angélica Alvarado Juárez, de operaciones simuladas, y exigió a la auditoría respetar su derecho humano al debido proceso, así como su derecho a audiencia.
“Hay que recordar que la ley prevé la garantía de audiencia, que es el derecho constitucional de ser oído y vencido en juicio antes de determinar cualquier tipo de responsabilidad y hasta en tanto eso no suceda, toda persona es inocente”, manifestó.
Sobre sus cuentas públicas, explicó que la 2014, 2015, 2016 y 2017 se encuentran aprobadas por el Congreso de Puebla.
“En relación a la cuenta pública 2018 se encuentra pendiente y está en proceso de solventación, es decir, jurídicamente no existen irregularidades de ningún tipo”, aseveró, al tiempo de aclarar que no ha sido notificado por la ASE de ninguna observación en la fiscalización de ese año.