Debido a que Puebla ocupa el sexto lugar nacional en feminicidios, con un promedio de un caso por razones de género cada seis días, en el Congreso local se presentó una iniciativa de ley que busca prevenir, sancionar y reparar el daño ocasionado por este delito, luego de que autoridades estatales reconocieron que se incumple con este resarcimiento a nivel local.
La propuesta, impulsada por el diputado de Morena Andrés Villegas Mendoza, propone medidas para garantizar la justicia y el apoyo a las víctimas y sus familias, como indemnizaciones económicas por perjuicios físicos, psicológicos, morales y materiales, así como por la pérdida de ingresos y oportunidades laborales.
De acuerdo con el artículo 68 de la iniciativa, cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el sentenciado, el Estado tendrá que cubrir dicha reparación con los recursos del fondo previsto para tal efecto, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Puebla.
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A la par, busca garantizar atención médica, psicológica y social para las víctimas y sus familiares, y prevé la creación de un fondo estatal que cubra estas reparaciones en casos donde el agresor no pueda asumirlas.
También se contemplan medidas simbólicas, como la emisión de disculpas públicas y el reconocimiento oficial de responsabilidad por parte de las autoridades cuando corresponda.
La iniciativa, que se encuentra en comisiones del Congreso a la espera de ser dictaminada, se presentó pocos días después de que la secretaria de Igualdad Sustantiva, Melva Navarro Sequeira, reconoció al Poder Legislativo que aún no se cumple en Puebla con la reparación del daño a víctimas de feminicidio.
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Proporciona directrices para sancionar feminicidios
En el ámbito de sanciones, la iniciativa establece que los jueces deberán analizar las circunstancias particulares de cada caso, incluyendo la gravedad del delito, las características del agresor y la relación existente entre éste y la víctima, a fin de garantizar una adecuada individualización de las penas.
Además, estipula que los antecedentes del agresor, la relación de confianza o subordinación con la víctima y las circunstancias de tiempo, lugar y modo serán factores clave para determinar la sentencia.
También considera la prohibición de beneficios procesales para los acusados de feminicidio y delitos relacionados, ya que determina que no se permitirá la conmutación de penas, la libertad anticipada ni mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Asimismo, las sentencias por estos delitos deberán incluir la pérdida inmediata de la patria potestad de los hijos del agresor, independientemente de que estos sean hijos de la víctima o no.
De igual modo, prohíbe la aplicación de eximentes o atenuantes basados en factores como la provocación de la víctima, la emoción violenta o las creencias culturales o religiosas del agresor. Se busca garantizar que ninguna circunstancia personal del imputado pueda justificar o reducir la responsabilidad por estos delitos.
Incorpora el término de suicidio feminicida
La iniciativa de ley incorpora el concepto de suicidio feminicida que describe como la inducción, obligación o ayuda para que una mujer cometa suicidio, bajo condiciones relacionadas con violencia de género, violencia feminicida o violencia sexual, así como en aquellos casos en los que el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.
Las penas propuestas oscilan entre 15 y 30 años de prisión, además de multas que van de 250 a 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 27 mil 142 pesos a 75 mil 999 pesos, según el valor de la UMA de 2024
La iniciativa establece sanciones más severas en situaciones especiales. Si la víctima es menor de edad o tiene una condición de enajenación mental que le impida comprender las implicaciones de sus acciones, se aplicarán las mismas penas que para el delito de feminicidio, conforme a lo estipulado en la ley.