Los tribunales agrarios fueron esenciales en los despojos de tierras en los gobiernos del PRIAN. Ahora con la 4T, nada ha cambiado, pese al discurso presidencial a favor de la justicia en el campo. Bajo la protección de Ricardo Monreal Ávila, el líder de los senadores morenistas, un grupo de magistrados que surgieron durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, siguen sembrando corrupción y abusos en dichos órganos jurisdiccionales.
Escondidos tras los rincones temerosos de que los vean, como dice la canción de Cri Cri, los tribunales agrarios son desconocidos para inmensa mayoría de los mexicanos, salvo para los miles de campesinos que sufren sus juicios y sentencias día con día. Se trata de un obeso Tribunal Superior de 5 miembros , de los cuales solo están nombrados 4 magistrados. Y se divide en 56 Tribunales Unitarios en mucho de los cuales impera la corrupción.
Creados en la contrarreforma agraria del salinato, en 1992, fueron una moneda de cambio para las organizaciones campesinas que se oponían a la modificación del artículo 27 constitucional que, entre otras cosas, puso fin al reparto agrario.
Encargados a priistas distinguidos, cubrieron el expediente sin mayor sin mayor sobresalto durante 15 años. Pero se blindaron muy bien frente a cualquier control y supervisión.
En los gobiernos panistas quedaron prácticamente al garete y fue el momento en que muy importantes despachos de abogados al servicio de terratenientes, mineras, empresas éolicas y desarrolladores urbanos , los tomaron por asalto para favorecer los intereses de sus representados y consumar despojos, garantizar la sumisión de los ejidos y comunidades agrarias en todo el país.
Con la llegada del actual gobierno surgió la esperanza de que las cosas cambiarían, para bien. Pero ha sido una ilusión. Todo permanece igual y apunta para peor.
Por principio, en un desaseado proceso para intentar darle orden, fue nombrada presidenta María Isabel Méndez de Lara, ambiciosa y trepadora abogada de rancio origen zacatecano, que le ha valido un estrecho acercamiento con su paisano y líder del Senado, Ricardo Monreal Ávila, para tomar el control de este órgano jurisdiccional.
Mendez de Lara se desempeñaba como Directora del Fondo de Fomento Ejidal (Fifonafe) en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, bajo de las órdenes del entonces titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto, en una opaca gestión de la que no se ha aclarado el destino de millones de pesos. Escobar gestionó que llegara a ser gagistrada del Tribunal Superior Agrario y esta mujer esperó su momento para convertirse en morenista, o al menos monrealista.
Ahora ambos intentan tomar el control total de los Tribunales Ararios. En diciembre pasado lograron un nombramiento fast track de la magistrada Dinorah Velázquez, como miembro del pleno. Esta señora se distinguió en los tribunales de Cuautla y Cuernavaca, por su trato despótico a los campesinos y sus fallos aberrantes, ampliamente denunciados, que fueron ignorados.
Hoy la dupla MonrealMéndez de Lara, intentan se nombre a Alberto Pérez Gasca, actual magistrado en San Andrés Tuxtla, como integrante del Tribunal Superior. Para ello han ocultado al presidente Andrés Manuel López Obrador quien es este personaje, pues ha salido con “la firma de AMLO” su propuesta de nombramiento.
Pérez Gasca no solamente es compadre de Méndez de Lara, sino que proviene de su mismo origen. Fue Director Jurídico de la SRA con Abelardo Escobar y cumplió leal y convincentemente las órdenes del panista Felipe Calderón para titular terrenos nacionales en favor de sus allegados, pagar multimillonarias indemnizaciones y atacar a las organizaciones campesinas.
El presidente López Obrador está en tiempo de corregir y anular la propuesta en favor de este personaje, investigar que pasa en los tribunales agrarios y darles un rumbo de acuerdo a los propósitos de la 4T
Diego Corona asoma la cabeza por un pleito de tierras
Diego Corona Cremean fue el autor de las obras más cuestionables del morenovallismo, en su calidad de subsecretario y luego secretario de Infraestructura, pues con él se realizaron los arcos seguridad, museos, parques temáticos, casas de música y el inservible tren turistico de Puebla y Cholula. Todo estos proyectos se caracterizaron por su visión megalomana, sus obscenos sobre costos y que acabaron siendo infraestructra de ornato.
Se dice que este hombre llegó proveniente de Guadalajara, Jalisco, de la mano de Luis Maldonado Venegas, con una situación económica difícil y hoy se rumora en radio pasillo que sería dueño de una enorme casa en el exclusivo fraccionamiento de San José del Puente; de un bello y grande departamento en Cancún, Quintana Roo; de un extenso rancho entre los municipios de Huauchinango y Xicotepec de Juárez, junto con una colección de motos, que es una de sus pasiones.
Todo ello sin contar con su lujoso despacho en la torre JV3, desde donde ahora ejerce como arquitecto privado de importantes desarrollos inmobiliarios.
Y que su familia ahora administraría una destacada lista de restaurantes y bares.
Alguien le tendría que explicar a Diego Corona que la mayoría de los morenovallistas, incluido su ex jefe José Antonio Gali Fayad, han optado por bajar su perfil como estrategia distractora para evitar que se aceleren sus procesos de investigación –por abusos y actos de corrupción– por el actual gobierno estatal de la 4T. Pues este exfuncionario tiene un comportamiento contrario a esa condición.
En los últimos días han surgido denuncias de una supuesta invasión de tierras cerca de su rancho en la Sierra Norte.
Y que al parecer, el señor Corona habría amenazado a los agraviados de ejercer su influencia en el gobierno de continuar denunciando el despojo del que han sido objeto.
Es necesario preguntarse: ¿A cuál gobierno se refiere Diego Corona?
Porque en el Poder Ejecutivo estatal le tienen abiertas algunas carpetas de investigación y tienen ganas de “echarle el guante”, en lugar de ayudarlo en sus pleitos vecinales.