Desde finales de 2024 existe una serie de resolutivos judiciales y administrativos que obligarían a regresar a México los alrededor de 14 mil millones de pesos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), además de obligar al organismo a establecer en Puebla su domicilio fiscal y restituir a Guillermo Jenkins de Landa como consejero de dicha organización. Sin embargo, seis miembros de la propia familia Jenkins han interpuesto ocho amparos que han impedido que se ejecuten las sentencias.
Al mismo tiempo, esos amparos han frenado que se hagan valer las órdenes de aprehensión que existen contra los seis de miembros de la familia Jenkins que, en el año 2013, fueron acusados ante entonces Procuraduría General de la República de sacar del país los más de 720 millones de dólares que forman el patrimonio de la FMSJ y que habrían sido depositados en el paraíso fiscal de Panamá.
Todo eso fue posible porque el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, no permitió que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Pública investigara y sancionara la salida de ese capital de la República Mexicana, violando las normas que regulan a las fundaciones con fines de filantropía.
Así lo reveló a La Jornada de Oriente el abogado Carlos Serna Rodríguez, quien tiene a su cargo la representación jurídica de Guillermo Jenkins, el nieto primogénito de la familia Jenkins, cuya fundación auspicia, entre otras instituciones, a la Universidad de las Américas (UDLAP) y al Colegio Americano.
El litigante refirió que ha presentado argumentos para demostrar a las autoridades judiciales que los amparos no son procedentes.
Consideró que de todos los fallos judiciales obtenidos, el más importante es el que tiene que ver con la restitución Guillermo Jenkins de Landa como miembro del Patronato de la FMSJ, ya que una vez en esta posición, él daría paso al reintegro del dinero, así como a que la institución tenga sede nuevamente en Puebla.
Consideró que, aunque no se ha podido dar cumplimiento a los resolutivos, estos representan un paso importante para lograr la repatriación del patrimonio del organismo, pues su fundador, William Jenkins ordenó que su uso fuera estrictamente para causas de asistencia social en México.
El conflicto de la Fundación Jenkins tomó realce esta semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF revisar el caso del organismo, ante posibles indicios de fraude fiscal y lavado de dinero. A la par, el coordinador del gabinete estatal José Luis García Parra, confirmó investigaciones por parte del gobierno del estado de Puebla desde hace seis meses en el mismo sentido.
¿Cuál es el origen del conflicto?
Desde 2013, Guillermo Jenkins de Landa, el nieto primogénito de la familia, ha señalado a sus parientes de desfalcar el patrimonio de la Fundación que su abuelo, William, creó en 1954, y de desviar sus recursos a paraísos fiscales como Panamá, los cuales ascenderían a 720 millones de dólares, unos 14 mil millones de pesos, lo que constituiría una violación a la regulación de las instituciones de beneficencia.
Durante la gestión del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla inició investigaciones sobre el tema las cuales se sumaron a indagatorias previamente iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto generó una pugna entre el gobierno del estado y el organismo por la rectoría de la UDLAP, la cual fue tomada por asalto y el conflicto mantuvo cerrada la universidad por varios meses.
Los parientes de Guillermo Jenkins, pues pelea contra sus padres y tíos para defender el legado de su abuelo, ganaron juicios que les permitieron ser reconocidos como miembros auténticos del Patronato que dirige la Fundación por lo que pudieron retomar el control de la casa de estudios.
Ya hay resolutivos de las indagatorias: Serna
Carlos Serna señaló que las investigaciones que la Junta realizó, ya concluyeron y emitió resolutivos que obligan a los miembros del Patronato a restituir al patrimonio de la Fundación 14 mil millones de pesos que fueron transferidos a Panamá, además, estos también deben cambiar a Puebla el domicilio fiscal del organismo pues este fue mudado a Jalisco. Además, también establecen que su cliente debe ser reconocido como miembro del Patronato.
A los resolutivos administrativos también deben sumarse los fallos judiciales por los que desde 2021 se liberaron ordenes de aprehensión en contra de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, por el desfalco del patrimonio de la fundación que presiden.
El litigante explicó que la familia en cuestión presentó alrededor de ocho recursos de amparo, cuyas resoluciones mantienen detenido el cumplimiento de los resolutivos, ya desde hace varios meses, pues recordó que la ley permite presentar impugnaciones en varias instancias y momentos, situación que ha alargado la resolución final de los mismos.
“Nos ha quitado mucho tiempo quitar cada una de las piedras que nos ponen”, comentó, al señalar que en el camino se sumaron otros contratiempos como el paro en el Poder Judicial por las elecciones que se llevaron a cabo en septiembre para renovar esa instancia.
Recordó que el patrimonio de la Fundación, estimado en 3 mil 750 millones de dólares, no solo está integrado por recursos monetarios sino también por 19 inmuebles en Puebla y el estado de México, entre predios, casas y edificios; 21 automóviles, un helicóptero, medio centenar de obras de arte, acciones en empresas y cuentas bancarias, según ha señalado el inconforme.
En suma, subrayó, el conflicto se integra por resoluciones de tipo administrativa y judicial, pero reiteró que la presentación de amparos ha frenado su cumplimiento.
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