El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) informó que el estado de Puebla fue la entidad del país que recibió más recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de Salud local por violencia obstétrica, en los últimos cinco años.
Según el informe “La pieza faltante, justicia reproductiva”, la entidad poblana concentró 10 de las 40 recomendaciones por parte del organismo nacional; además documentó una queja por negación de aborto.
También informó que Puebla es el noveno estado con 35 de las mil 109 quejas ante las comisiones de derechos humanos estatales.
Asimismo, reveló que en el estado se presentaron 12 quejas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y una para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
En el tema violencia obstétrica ante órganos internos de control de instituciones de salud locales, el Grupo de Información precisó que se registró un total de 867 denuncias, pero sólo una de ellas se presentó ante la Comisión Local de Arbitraje Médico, sin especificar si el problema se presentó en una institución de salud pública o privada.
Informó que la CNDH registró 567 quejas relacionadas con este tipo de violencia de diciembre de 2012 a septiembre de 2017.
De dicha cifra, precisó que 449 quejas fueron concluidas durante el trámite, por no existir materia o por falta de interés, y sólo siete llegaron al proceso de conciliación, además que cuatro casos continúan en trámite.
Al respecto, GIRE comentó que las agraviadas piden la indemnización, rehabilitación y las medidas de no repetición.
Sin embargo, dijo que el seguimiento a tales medidas por parte de las comisiones de derechos humanos estatales ha sido deficiente tanto para el acceso a la justicia de las mujeres que han sobrevivido, como para la prevención de futuros casos.
De 2012 a 2018, GIRE además reportó 58 abortos por violación; otras causales 22; y criminalización 57, con un total de 137 casos.
A nivel nacional, el organismo informó que de 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 en México, 33.4 por ciento refirieron haber sufrido maltrato por parte de quienes las atendieron.
Entre las manifestaciones de violencia obstétrica se encuentran regaños (37%), no atenderla por “quejas” (34%), ignorarlas (33%), presión para aceptar un método anticonceptivo o esterilización (30%), posiciones incómodas (30%), ofensas (23%), anestesia denegada (16%), método anticonceptivo o esterilización involuntaria (13%), firma involuntaria de papeles (10%) y aislarla de su bebé por más de cinco horas (5%).
Enfatizó que estas formas de violencia pueden derivar en muerte materna o del bebé, por lo que es necesario que se implementen políticas públicas que busquen erradicar y prevenir este tipo de acciones.
Entre ellas, demandó, priorizar la atención del parto de bajo riesgo en el primer nivel de atención y mejorar la infraestructura hospitalaria.
Al final, la organización señaló que, aunque en Puebla el aborto es permitido bajo cuatro causales, es poco accesible, limitando los derechos reproductivos de las mujeres, pues es la segunda entidad de donde más viajan a la Ciudad de México para practicárselo