El estado de Puebla pondrá en operación la nueva Dirección de Proximidad Vial a partir del próximo sábado 1 de noviembre, con un cuerpo de más de 300 agentes encargados de vigilar el cumplimiento del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
Sin embargo, las sanciones a conductores se aplicarán hasta el año 2026.
Así lo anunció la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanus Osorio, quien aclaró que, durante los primeros meses, la nueva corporación no aplicará multas, priorizando la orientación y la familiarización de los ciudadanos con la nueva medida.
La funcionaria aclaró que el objetivo de esta Dirección “no es recaudatorio”, sino “cuidar y garantizar la seguridad vial para los ciudadanos”, ante el constante aumento de siniestros viales por exceso de velocidad e irrespeto a las normas.
Los más de 300 agentes, jóvenes hombres y mujeres con estudios universitarios y capacitación en la Universidad de las Ciencias Policiales y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tendrán presencia en las vialidades estatales.
Explicó que su función será orientar, prevenir y proteger a los automovilistas; salvaguardar la integridad de peatones, ciclistas y conductores, así como favorecer una movilidad segura y ordenada en el territorio poblano.
Los agentes de Proximidad Vial iniciarán sus labores el 1 de noviembre con operativos tácticos enfocados en agilizar la circulación en “horas pico”.
Hace unos días, Movilidad y Transporte emitió una licitación para el arrendamiento de 70 vehículos (30 de ellos camionetas) que serán utilizados por los nuevos agentes en las diferentes regiones del estado.
Además de la compra de equipamiento para la nueva Dirección de Proximidad Vial.
Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier admitió que resulta más económico rentar los 70 vehículos que adquirirlos, por su costo oneroso.
La justificación de las autoridades para rentar en lugar de comprar se basa en un análisis financiero que sugiere que el arrendamiento es una opción más viable económicamente para el programa, aunque la decisión ha generado debate y algunas críticas en redes sociales sobre la transparencia del proceso.
Incluso el mandatario estatal no descartó que los vehículos puedan comprarse el siguiente año, tras argumentar que ahora se encuentra en el cierre del año fiscal y que se han agotado los recursos para inversión.
