Miércoles, junio 19, 2024

Comunidades y científicos exigen que gobiernos actúen para detener y revertir la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac

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Con la exigencia de que los tres niveles de gobierno construyan una nueva política integral de regulación del crecimiento industrial en la Cuenca del Alto Atoyac, garanticen la supervisión efectiva de emisiones y transferencia de contaminantes, y que generen los instrumentos necesarios para regular a medianas y grandes empresas para así evitar que incrementen los daños a la salud, concluyó el Segundo Foro Regional “Diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac: avances en las agendas de trabajo”.

En el pronunciamiento que se hizo este día desde la Unidad de Seminarios de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), también se demandó atender la problemática de salud que vincula a las enfermedades con las condiciones ambientales y se amplíe el rango hacia otros padecimientos no transmisibles y que están creciendo entre niños y jóvenes, así como malformaciones congénitas en infantes.

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Por tal motivo, se urgió a establecer un plan de acción para atender de manera integral las necesidades de salud, particularmente las de poblaciones en situación de vulnerabilidad social.

Otra de las exigencias es que se considere al cambio climático como un elemento que agrava la devastación socioambiental de la Cuenca y que se tomen acciones gubernamentales orientadas a la desestructuración de sus causas y no solo a la adaptación social de la situación.

Se solicitó además que los congresos de Puebla y Tlaxcala, con apego al artículo cuarto constitucional, legislen conforme la situación de la Cuenca como una región de emergencia sanitaria y ambiental, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y su saneamiento, a la participación comunitaria en las deliberaciones y toma de decisiones al respecto, conforme les obliga lo establecido en la observación general número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y al Acuerdo de Escazú.

Es decir, que de ninguna manera se tienda a la comercialización ni privatización del agua, ni a la desaparición de las formas comunitarias establecidas para la administración, gestión y conservación del agua.

Un punto importante que subrayaron fue que las autoridades dejen de simular en el cumplimiento de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que los resultados se muestren con indicadores de la disminución de la contaminación industrial y de las tasas de morbilidad y mortalidad de la población.

Asimismo, se demandó dar continuidad al proceso de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces)-Proyectos Nacionales Investigación e Incidencia (Pronaii), de manera que se profundice la relación comunidades y academia, se amplíe la información sobre las afectaciones a la salud, y la causalidad respecto a las emisiones y descargas tóxicas por parte de la industria.

En ese marco se exigió la liberación de presos políticos por razones ambientales, particularmente de Saúl Meléndez Rosado y Raymundo Cuatianquiz Meléndez, luchadores por la defensa del bosque de la Matlalcueyetl (Malinche), el agua y el territorio, y habitantes de la comunidad de Tlalcuapan, Tlaxcala, acusados de crímenes que no cometieron.

El pronunciamiento fue firmado por el Conahcyt-Dirección Regional 4 Sur Oriente, el Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, CIISDER-Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, Pastoral de Derechos Humanos, Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, las comunidades afectadas de municipios de Tlaxcala y Puebla, IIMA-Ibero Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como comunidades de la cuenca.

Acuerdan acciones para avanzar en el rescate de la CAA

Las instituciones y representantes de pueblos se comprometieron a impulsar de manera conjunta cuatro estrategias y acciones.  La primera es articular todos los procesos de investigación en incidencia, considerando siempre el contexto socioecosistémico y la tomando que la Cuenca del Ato Atoyac es una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA).

La segunda consiste en promover el trabajo colectivo, partiendo siempre de la experiencia de las comunidades, por lo cual se deben planear y llevar a cabo todas las acciones desde y con ellas, respetando su visión de integralidad; promover el sostenimiento de la gestión comunitaria del agua, de manera que los comités se fortalezcan en sus capacidades administrativas y en la visión de considerar al líquido como un bien común; y fortalecer los procesos de transición hacia la producción agroecológica.

En tercer lugar se acordó el establecimiento de un observatorio comunitario socioambiental, que permita tener información periódica de lo que sucede en la cuenca, para que se puedan enfrentar las contingencias y denunciar cuando sea necesario.

También se determinó implementar un sistema permanente de vigilancia epidemiológica específica de la salud de la población en riesgo, con un enfoque integral.

Mientras que la cuarta implica adecuar todos los procesos de investigación a las formas y necesidades de las comunidades.

Para lograrlo, pactaron incrementar esfuerzos para construir procesos de trabajo interdisciplinares, con una coordinación efectiva entre investigadoras e investigadores y transdisciplinares, estableciendo verdaderos procesos de diálogo para compartir e integrar saberes con las personas en las comunidades.

Al foro regional acudieron alrededor de 280 personas; participaron comunidades de las regiones Tolteca, Lerma y Libres Oriental, todas ellas Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental.

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